|OPINIÓN|Incendios forestales, tráfico de tierras y crimen organizado|Rodrigo Muñoz Reyes|

Brújula Digital|14|10|24|

Rodrigo Muñoz Reyes P.

Respecto a los incendios forestales en Bolivia y la lógica perversa del sistema, sus actores, y la articulación entre ellos:

La catástrofe de incendios forestales en el oriente boliviano que se vienen repitiendo las últimas dos décadas y que hasta septiembre 2024 devastaron más de 10,2 millones de hectáreas, no solo son consecuencia del calentamiento global y sequias prolongadas como diversas fuentes publican ni tampoco es causada por el agronegocio que activistas ambientalistas denuncian. Sin negar el rol crítico del clima, los incendios deben ser entendidos como parte de un sistema perverso de apropiación ilegal de tierras para crear un negocio, operado por el crimen organizado en los países Amazónicos, y concluye en la destrucción sistemática del medio ambiente. El presente articulo describe la lógica perversa del sistema, sus actores, y analiza la articulación entre ellos.

Ocupación territorial y políticas clientelares

Los incendios son consecuencia directa tanto de políticas del régimen para crear clientelismo político, como incentivos de lucro particular para crear un mercado de tierras. El partido gobernante, ha utilizado este sistema como instrumento político para consolidar apoyo electoral en el oriente del país. Los incendios forman parte de un sistema de corrupción enraizado en el aparato estatal articulado a otras actividades del crimen organizado internacional.

Desde su llegada al poder en 2006, el Movimiento al Socialismo (MAS) ha utilizado la redistribución de tierras fiscales como estrategia central para consolidar clientela política. Aunque el discurso oficial fue la "redistribución de tierras a los más pobres", la práctica evidenció el verdadero interés tras la narrativa: expandir su presencia en el oriente del país, y generar lucro con el tráfico ilegal de tierras fiscales. Se promovió la ocupación de tierras fiscales, particularmente en áreas forestales y reservas protegidas, como también avasallamientos a la propiedad privada productiva, por movimientos sociales afines al partido de gobierno conocidos como "interculturales", convertidos en su base clientelar.

Esta ocupación territorial no es un proceso espontáneo ni legal. Los asentamientos comienzan con incendios intencionados en grandes extensiones de bosque para hacerlas "aptas" para la ocupación y, una vez devastadas son reclamadas por movimientos sociales, que las ocupan como si fueran tierras abandonadas. Este ciclo no solo beneficia a las bases clientelares del MAS, también garantiza la expansión territorial e influencia sobre la población cautiva del partido, tanto como promueve la extensa red de tráfico ilegal de tierras.

Incendios, apropiación de tierras y legalización

El ciclo perverso de apropiación ilegal de tierras tiene un patrón sistemático que utiliza el fuego para despejar áreas boscosas y prepararlas para su posterior ocupación. Movimientos sociales afines al MAS se instalan en estas tierras, aprovechando su estado de devastación para reclamar que se encuentran desocupadas y degradadas. Esta primera fase del proceso se presenta como un acto de ocupación por campesinos pobres, cuando en realidad es el comienzo de un ciclo manipulado con fines políticos y económicos mayores.

Una vez afianzada la ocupación, las tierras ingresan a un complejo proceso de saneamiento manejado por funcionarios que gestionan tierras coludidos con el negocio, que facilitan su saneamiento en favor de los ocupantes ilegales. Se manipulan procesos de regularización transformando ocupaciones en patrimonios legales. En muchos casos, se alteran límites de las tierras y fraguan falsos títulos de propiedad. Culmina el ciclo con tierras “saneadas” que son ofertadas a precios muy por debajo de su valor real. Se convierten en alternativas atractivas para inversiones, y son adquiridas legalmente por empresas agropecuarias emergentes, lo cual deriva en la continua ampliación de la frontera agrícola. Se favorece a la clientela y se crea un mercado de tierras de extensas áreas antes protegidas.

Este último eslabón del ciclo perverso no solo legitima la apropiación ilegal de tierras y consolida la expansión de la frontera agrícola, sino que promueve la deforestación por incendios. El sistema se beneficia de la debilidad institucional y la extensa corrupción estatal para expandir sus operaciones. Tierras fiscales, desvastadas y ocupadas por este ciclo perverso sirven también para blanquear capitales del narcotráfico tanto como para ingresar al enorme tráfico ilegal de tierras. La entrada de estas tierras al mercado genera un flujo económico considerable, donde las ganancias se distribuyen entre intermediarios, funcionarios del gobierno y redes delictivas. Este circuito de corrupción entre política y economía ha permitido que el tráfico de tierras se convierta en una industria ilícita multimillonaria, con el impacto devastador en los bosques, el medio ambiente y las comunidades locales, de que somos testigos hoy.

Agronegocio como el foco de las acusaciones

A pesar de que el tráfico de tierras tiene raíces estructurales en prácticas clientelares y corrupción del aparato estatal, el foco de las acusaciones de sectores conservacionistas que influyen de la opinión pública se ha centrado en culpar especialmente al agronegocio por la deforestación y la crisis ambiental. Cuando el debate se enfoca exclusivamente en empresas agropecuarias como principales responsables de la deforestación, se ignora el rol innegable y sistémico del crimen organizado y la corrupción estatal en esta catástrofe ambiental.

Si bien empresas agrícolas y ganaderas se benefician de la expansión de la frontera agrícola, son solo los actores finales oportunistas de un proceso mucho más complejo. Al concentrar las críticas únicamente en el agronegocio, se ignoran vínculos más profundos con el narcotráfico, la minería ilegal de oro, y el tráfico de armas que también operan en el mismo territorio, lo cual demuestra la penetración del crimen transnacional en la crisis ambiental boliviana.

En consecuencia, la solución a esta crisis ambiental exige un enfoque integral que ataque tanto la corrupción estatal como el rol de sectores privados, y que enfrente las conexiones entre el tráfico de tierras y el crimen organizado. Solo así será posible detener la destrucción del bosque y proteger el futuro de las comunidades afectadas y del país en su conjunto.

Rodrigo Muñoz Reyes es agrónomo y antropólogo.