Gobierno destinó 52 vehículos para controlar que no se reactiven los incendios

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En un esfuerzo por prevenir la reactivación de incendios forestales en el país, el Gobierno destinó 52 vehículos entre 26 camionetas y 26 cuadratracks, para intensificar el patrullaje en las áreas más afectadas. La medida fue anunciada por el Ministro de Defensa, Edmundo Novillo, quien subrayó la importancia de esta acción para el control de los siniestros.

“El Ministerio de Defensa y el Ministerio de Gobierno, a través de las instancias correspondientes, reforzarán el resguardo de áreas protegidas y reservas forestales a nivel nacional”, estableció Novillo.

Novillo destacó la gravedad de la situación, recordando que en San Lorenzo y San Matías, los incendios se desbordaron a pesar de los esfuerzos iniciales de control. “Estuvimos en San Lorenzo y San Matías donde hubo casas quemadas debido al trabajo de un productor de miel que generó fuego. Nosotros controlamos el fuego en el lugar y a los dos días, el subgobernador mostró que los incendios se desbordaron. Esto nos llama la atención, después de hacer el trabajo se reanudaron los fuegos y se descontroló, declaramos la emergencia”, explicó el Ministro.

Novillo también se refirió a la reciente declaración de una pausa ambiental indefinida debido a que los incendios forestales afectan al menos cuatro departamentos del país. “En mi criterio, esta pausa debe compatibilizar el cuidado del medio ambiente con la necesidad de no paralizar el aparato productivo. Se busca una mayor producción sin dañar el medio ambiente, aunque esto va a ser complejo”, afirmó.

Además, Novillo mencionó que se debe respetar las áreas protegidas y forestales y que se están analizando las leyes relacionadas con los incendios. “La pausa ecológica no implica la abrogación de las leyes existentes, pero se necesita una política definitiva. Estamos considerando analizar y adecuar cada una de las leyes”, dijo.

El Decreto Supremo 5225, aprobado hace pocos días, declara una pausa ambiental ecológica en toda Bolivia, anulando y negando sin plazo las autorizaciones de quemas de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT). Asimismo, se ha declarado “no disponibles” por cinco años las tierras fiscales afectadas por quemas e incendios hasta su restauración y posterior utilización.

Por su parte, el Gobierno envió al Legislativo un proyecto de ley para endurecer las penas contra quienes provoquen incendios en bosques, tierras forestales, reservas protegidas, tierras fiscales, humedales o pastizales, con penas de cárcel que podrían llegar hasta 12 años.

BD/RED