Denuncian que supuestos campesinos promueven quemas, talas y avasallamientos en el norte paceño

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Activistas denunciaron que organizaciones campesinas de la Provincia Aroma están promoviendo quemas, talas y avasallamientos en el norte paceño, específicamente en la provincia Ixiamas. Según sus informes, estos grupos han instruido a sus afiliados para elaborar listas de interesados en obtener tierras, en previsión de la posible dotación de 80 mil hectáreas por parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Además, los acusan de promover quemas para habilitar terrenos tanto para viviendas como para usos agrícolas.

La denuncia fue realizada por la Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígena Originario Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) y la Plataforma de Defensa de Áreas Protegidas de la provincia Abel Iturralde. Ambas organizaciones exigen, además, el cierre de la Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba) por su presunta responsabilidad en la deforestación y los incendios.

Una comisión de estas organizaciones se trasladó a la sede de gobierno para presentar sus demandas. De no obtener una respuesta satisfactoria, han anunciado la posibilidad de llevar a cabo bloqueos.

Además, solicitaron al gobierno central que se abstenga de conceder demandas oportunistas de sectores como los empresarios del agronegocio, que piden la aprobación de eventos transgénicos bajo el argumento de un mayor rendimiento, y de federaciones sindicalizadas que buscan acaparar tierras para su tráfico, deforestación y quema en el Oriente y la Amazonía.

Los activistas cuestionan las normativas que permitirían conferir privilegios para que instancias externas adquieran tierras en el norte paceño, una región amazónica en alto riesgo y con áreas protegidas, como el Parque Madidi.

También consideran insólitas las pretensiones de la Federación Sindical de Productores Agropecuarios de la Provincia Abel Iturralde (Fespai), la Federación Intercultural de Mujeres Productoras de Abel Iturralde (Fesmai) y la Federación Única de Trabajadores Originarios Campesinos de la Provincia Iturralde (FUTOC-PAI), que exigen autorizaciones para talar más de 200 hectáreas de bosques.

Según las organizaciones denunciantes, estas federaciones estarían utilizando el concepto de "seguridad alimentaria" para enmascarar el desmonte de bosques amazónicos y exigiendo la legalización de desmontes ilegales, lo que consideran inaceptable. La solicitud de amnistía para los desmontes ilegales y la anulación de multas por reincidencia son vistas como un reconocimiento de responsabilidad en los incendios de 2023 que devastaron los bosques del norte paceño.

Las demandas también incluyen la prosecución del proyecto de palma aceitera y la continuidad de empresas deficitarias como Easba y la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), que estarían exacerbando la deforestación y las consecuencias ambientales negativas en la región.

BD/RED