En un comunicado, la articulación FOSPA señala que la decisión de la AJAM viola los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Vista panorámica del polígono Aguas Calientes, en Roboré. Foto: Sumando Voces
Brújula Digital|17|07|24|
Sumando Voces
La articulación del XI Foro Social Panamazónico (FOSPA) denunció, mediante un pronunciamiento, que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) autorizó “prospección y exploración para actividades mineras” en el municipio de Roboré, en el polígono de Aguas Calientes, colindante con el Valle de Tucabaca, “sin la debida consulta previa, libre e informada a las comunidades”.
En un comunicado, FOSPA señala que la decisión de la AJAM viola los derechos colectivos de los pueblos indígenas establecidos en el artículo 30 de la CPE y pone “en riesgo su autodeterminación y modos de vida ancestrales”.
“Exigimos la inmediata suspensión de todas las actividades mineras otorgadas en el área denominada Aguas Calientes y la revocación de cualquier licencia o concesión otorgada sea de cualquier índole por haber sido autorizada sin el consentimiento de las comunidades”, añade.
A la vez, los firmantes dan su respaldo a la Central Indígena Amanecer Roboré (CICHAR) y a sus comunidades afectadas Yororobá, Quitunuquiña y Aguas Calientes “en su rotundo y contundente rechazo al ingreso de la empresa minera Walfremar SRL y cualquier otra actividad minera”.
La articulación FOSPA agrupa a organizaciones e instituciones de la sociedad civil, pueblos indígenas originarios y otros sectores que, el pasado junio se reunieron en Rurrenabaque y San Buenaventura, donde rechazaron las actividades extractivas en la Amazonía.
La diputada de Creemos María René Álvarez envió una Petición de Informe Escrito (PIE) al Ministerio de Minería y Metalurgia para que detalle bajo qué parámetros se pretende fomentar la actividad minera en esa zona.
Indicó que la empresa Walfremar SRL, el 8 de agosto de 2023, obtuvo autorización para actuar sobre 84 cuadrículas que no solo afectan a las tres comunidades citadas, sino también a la Unidad de Conservación de Patrimonio Natural (UCPN) de Tucabaca.
“Estamos ante un nuevo atentado contra nuestros recursos naturales y pueblos indígenas, porque estas concesiones afectan a la UCPN de Tucabaca que tiene importantes recursos hídricos comprometidos y una toma de agua que abastece a Aguas Calientes que puede ser contaminada, además de amenazar al turismo comunitario en Yororobá”, indicó Álvarez.
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