Exalcalde apunta a la Gobernación por falta de mantenimiento al puente Rapulo; indigna entierro en fosas comunes

Brújula Digital |10|06|24|

El exalcalde de Santa Ana de Yacuma Gustavo Antelo apuntó a la Gobernación del Beni la falta de mantenimiento del puente Rapulo, que la semana pasada se desplomó después de 14 años y se cobró a ocho miembros T'simanes. Fueron enterrados el sábado en fosas comunes y en el cementerio Covid-19. Un sacerdote calificó el hecho de discriminatorio y una senadora, de indignante.

La ley del tramo carretero, San Miguel, Río Mamore, Santa Ana detalla que “se cumplió con todos los requisitos para su ejecución y entrega. (…) La presente ley tiene por objeto declarar como prioridad el mantenimiento periódico y asfaltado del tramo carretero que forma parte de la red vial departamental de carreteras en el Beni”, declaró Antelo el sábado en una conferencia de prensa que ofreció en la población beniana.

La alcaldesa de Santa Ana de Yacuma, Rocío Roca, dijo el viernes que es prematuro tratar de concluir cuál ha sido la causa de la caída del puente Rapulo. Agregó que la infraestructura era sometida a mantenimiento “ocasionalmente”.

Respecto a la investigación que abrió el Ministerio Público bajo el presunto de delito de homicidio culposo, Roca consideró que se deben investigar a “todos los que intervinieron en este proyecto, que se entregó en 2010”. “Los documentos están ahí, se tienen que hacer las investigaciones estructurales del puente”.

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, dijo también el viernes que, de acuerdo con un informe preliminar de técnicos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), la estructura del puente no recibió mantenimiento preventivo.

El exalcalde Antelo explicó que la indicada ley es una norma que autoriza a la Gobernación del Beni la suscripción del convenio “con el nivel central con la finalidad de captar recursos para el mantenimiento periódico y asfaltado del tramo carretero”. Esta norma fue sancionada en julio del 2015, cinco años después de que se entregó la obra. 

“Esta ley departamental es clara, se sobre entiende que un tramo caminero contempla no sólo plataforma. También contempla alcantarilla, puentes y obras de arte al tramo. (…) Queda hacer auditoría técnica transparente, confiable y dar con los responsables para que se aplique la ley”, informó Antelo.

El exburgomaestre dijo que toda obra tiene su “plan de mantenimiento”. “No podemos construir y dejarla sin mantenimiento. Por eso se pidió un plan correspondiente y se cumplió con la capacidad económica y técnica”, afirmó. Esta obra, según sus especificaciones técnicas tiene una capacidad portante de 40 toneladas en adelante, una vida útil de 40 años o más.

Por su parte, el gobernador de Beni, Alejandro Unzueta, dijo que la ABC era la responsable de hacer el mantenimiento de la estructura. “Si usted paga peajes en trancas, todos esos peajes no llegan a la Gobernación, van a la ABC. La ABC es la que tiene que encargarse del mantenimiento de las carreteras, de los puentes. Ahora, que ellos quieran aislarse de la responsabilidad, ya es otro tema”.

“Ahora si no hubiera un peaje de la ABC, y hubiera un peaje de la Gobernación, la Gobernación tendría que hacer el mantenimiento”, justificó Unzueta.

El temor surge después de que la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (Felcc) desplazó investigadores para determinar la responsabilidad del caso, que se investiga por el presunto delito de homicidio culposo.

Entierro discriminatorio

La noche del miércoles 5 de junio la estructura de cemento se vino abajo cuando un camión de alto tonelaje pasaba por el mismo. Ocho indígenas T'simanes de la comunidad de Turindi que se encontraban debajo fallecieron ese mismo instante. Este lunes fueron enterrados en fosas comunes, envueltos en hule, sin ataúdes y en el cementerio Covid-19. Esta determinación causó indignación en representantes indígenas y en la misma población de Santa Ana de Yacuma.

El párroco de Santa Ana de Yacuma, Germán Sosa, dijo que esta forma precipitada de entierro fue doloroso y discriminatoria. “El sábado hice la misa en el cementerio Covid-19. Los enterraron sin cajón, tal como los sacaron y los pusieron en bolsas. Así los metieron en las fosas comunes. Además, nadie ni en el tiempo del Covid-19 quería ser enterrado en un cementerio diferente. Eso es discriminatorio, no se les dio una sepultura digna. Se debió comprar los ocho cajones”, afirmó.

Días antes del entierro, la misma Alcaldía anunció que se iba a hacer cargo del entierro, apoyo económico y vivienda para los dos miembros de la familia sobrevivientes.

La senadora Cecilia Requena de Comunidad Ciudadana protestó contra la manera en que se procedió con T'simanes. Calificó el hecho como indignante. “Indignante trato a las víctimas fatales de la #corrupción y la #incompetencia. Las autoridades nacionales y subnacionales a cargo, hoy y durante la construcción, deben responder, empezando por tratar con dignidad a las personas fallecidas y a los sobrevivientes, todos/as parte del pueblo… https://t.co/hWp7zAmO1C”.

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