El 28 de octubre de 2021, avasalladores armados secuestraron de manera violenta y torturaron a 17 personas, entre ellas siete periodistas, a quienes mantuvieron cautivas por más de ocho horas.
Brújula Digital|28|10|25|
A cuatro años de los hechos ocurridos en el predio Las Londras, en Santa Cruz, organizaciones de periodistas exigieron a la Justicia reanudar el juicio contra los responsables.
El 28 de octubre de 2021, avasalladores armados secuestraron de manera violenta a 17 personas, entre ellas siete periodistas, a quienes mantuvieron cautivas por más de ocho horas.
Más de 30 personas vinculadas al movimiento intercultural fueron investigadas por lo sucedido, pero se determinó que cinco encabezaron la toma violenta del predio. De ellas, tres no se presentaron a las audiencias y fueron declaradas en rebeldía sin que hasta ahora hayan sido aprehendidas. Las otras dos se defienden en libertad, aunque con medidas cautelares.
“A cuatro años del secuestro y tortura de siete periodistas en el predio Las Londras, en la provincia Guarayos (Santa Cruz), las víctimas continúan sin justicia y los agresores permanecen en libertad. Este hecho, ocurrido el 28 de octubre de 2021, se ha convertido en un símbolo de la impunidad estructural que afecta al ejercicio del periodismo en Bolivia”, señala un comunicado de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz.
Las instituciones advirtieron que la causa fue suspendida tras un recurso de revocatoria que busca llevar el caso a la justicia indígena, lo cual calificaron como “una maniobra” que constituye “una forma de revictimización y un intento de evadir la justicia ordinaria”.
Informe especial
Las entidades recordaron que se elaboró un informe especial sobre lo sucedido, a cargo de organizaciones de periodistas y de derechos humanos, que identificó una serie de deficiencias en la investigación y el proceso judicial.
“El informe advierte que las dilaciones, los cambios arbitrarios de fiscales y la falta de debida diligencia evidencian la falla estructural del sistema judicial boliviano para garantizar justicia y protección a la prensa. Esta impunidad, señala el documento, no solo afecta a las víctimas directas, sino que envía un mensaje de intimidación al conjunto del periodismo nacional y limita el derecho ciudadano a recibir información veraz y plural”, añade el comunicado.
Subraya también que cuando los agresores de periodistas no son sancionados se consolida la censura y la autocensura, fenómenos que debilitan la democracia.
El informe insta al Estado a cumplir sus obligaciones internacionales y asumir medidas urgentes, entre ellas la reanudación inmediata del juicio oral, la creación de un Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas como Defensores de Derechos Humanos y la implementación de políticas efectivas de reparación y no repetición.
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