Pese a los cuestionamientos y a la solicitud de prescripción, un juez boliviano determinó que el proceso contra Alaix y Recolons debe continuar, con la próxima audiencia fijada para el 2 de septiembre,
Brújula Digital|29|08|25|
A pesar de que la Fiscalía de Madrid archivó las diligencias por la muerte del presunto responsable y por no encontrar indicios de “responsabilidad de terceros”, el Ministerio Público de Bolivia mantiene abierta una causa penal contra dos sacerdotes octogenarios por los supuestos delitos revelados en el diario del sacerdote Alfonso Pedrajas.
Los sacerdotes jesuitas Ramón Alaix y Marcos Recolons, ambos españoles, están acusados de encubrimiento de los abusos del cura Pedrajas, pero la Fiscalía no ha logrado demostrar que ellos conocían los hechos cometidos, dijo el abogado Marcelo Salinas a Brújula Digital. Alaix y Recolons, que fueron “provinciales” (jefes) de los jesuitas, sufren severas dolencias e incluso uno de ellos tiene un cáncer en grado 4.
Salinas recordó que el tribunal judicial Audiencia Nacional de Madrid, que el primero en conocer el caso, además de tomar declaraciones y analizar el material, dispuso el archivo de las diligencias.
El tribunal español fundamentó su decisión en que, al haber fallecido el denunciado (Pedrajas), el Código Penal español establece que la responsabilidad penal se extingue por “la muerte del reo”. Además, el tribunal agregó que no se encontraron “indicios de responsabilidad por parte de terceras personas”. Pese a ello, el juicio en Bolivia avanzó.
El abogado Gonzalo Mendieta hizo notar que el caso está declarado en reserva, lo que dificulta la capacidad de defensa de los acusados ante la opinión pública, pero a la vez la parte acusatoria tiene una presencia insistente en medios de comunicación.
“Ahí vemos una desigualdad en el trato a ambas partes de este proceso”, agregó a Brújula Digital.
La defensa agregó durante el proceso que la Fiscalía boliviana, mediante el exfiscal Juan Lanchipa, inició un “proceso contra un muerto (Pedrajas)”, cosa que no está prevista en ningún código penal del mundo y tampoco en el boliviano.
La investigación en España se inició en 2023 tras la denuncia de Fernando Pedrajas, sobrino del religioso, quien declaró que, al vaciar un depósito con las pertenencias de su tío –fallecido en Bolivia en 2009–, descubrió un diario personal en el que este reconocía haber cometido 89 violaciones a menores de edad.
Respecto al diario, las autoridades judiciales españolas se refieren a él como “supuesto” documento.
Es más, cuando el jesuita Recolons solicitó copias de estas diligencias, las autoridades españolas se negaron a proporcionárselas argumentando “que no era ni denunciado ni sospechoso”.
Un indicio de que el caso fue politizado se da en el hecho de que los dos primeros abogados de la acusación eran, a su vez, abogados de Evo Morales: Wilfredo Chávez y Nelson Cox, y que Pedro Lima, el vocero de las víctimas, fue asambleísta del MAS. Lima no denunció públicamente los hechos durante dos décadas, hasta 2023, cuando se publicó el diario.
Prescripción
Pese a todo esto el proceso ha avanzado y un juez boliviano negó ayer viernes el recurso que presentó la defensa de Alaix y Recolons para la prescripción del juicio que se les sigue.
“El juez ha escuchado a las partes y ha determinado que es improcedente (el recurso de los exprovinciales) porque la prescripción ha precluido”, dijo Pedro Lima a EFE.
Por lo anterior, el juicio penal se reinstalará el martes 2 de septiembre.
“Las víctimas estamos con la esperanza de que se pueda impartir justicia y tengamos la luz al final de esta oscuridad, porque ha sido un proceso muy fuerte y desgastante”, agregó Lima.
La acusación dice que las agresiones sexuales se produjeron en los años 70, 80 y 90 del siglo XX, en el desaparecido Colegio Juan XXIII, en la ciudad de Cochabamba.
BD/RPU
