La misiva, dirigida al presidente Luis Arce, la Asamblea Legislativa Plurinacional, autoridades judiciales, candidatos a las elecciones de 2025, organismos de derechos humanos y la comunidad internacional, subraya que estas condenas vulneran el principio de proporcionalidad consagrado en la Constitución Política del Estado.
Brújula Digital|26|08|25|
Un grupo de personas privadas de libertad en Bolivia denunció, a través de una carta pública, que la Ley 1008 les impone penas desproporcionadas de diez años de cárcel por la posesión de pequeñas cantidades de marihuana, aun cuando no cuentan con antecedentes penales y no representan un peligro para la sociedad.
La misiva, dirigida al presidente Luis Arce, la Asamblea Legislativa Plurinacional, autoridades judiciales, candidatos a las elecciones de 2025, organismos de derechos humanos y la comunidad internacional, subraya que estas condenas vulneran el principio de proporcionalidad consagrado en la Constitución Política del Estado.
“Estamos encarcelados, algunos con detención preventiva y otros con sentencias condenatorias, todos enfrentando penas de 10 años de cárcel por delitos de tráfico contemplados en la Ley 1008. Nuestras historias de vida están entretejidas por tres elementos en común: fuimos detenidos con marihuana en mínimas cantidades, no tenemos antecedentes penales y no fuimos incluidos en decretos de amnistía o indulto”, señala la carta.
Los firmantes sostienen que la sanción de 10 años de prisión, establecida como la pena mínima por la Ley 1008, no toma en cuenta la naturaleza del hecho, ya que se trata únicamente de posesión de gramos de marihuana. Aseguran que esta norma los condena no solo al encarcelamiento y al hacinamiento carcelario, sino también a la estigmatización social “como si fuésemos narcotraficantes”, lo que ha separado a muchos de sus familias y truncado sus vidas.
La carta también recuerda que organismos internacionales han cuestionado este tipo de penas. El Comité de Derechos Humanos de la ONU declaró que las sanciones privativas de libertad por posesión de marihuana en pequeñas cantidades son “potencialmente violatorias del derecho a la libertad personal”, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que contradicen principios de proporcionalidad y derechos humanos fundamentales.
En el documento, los presos resaltan que la mayoría son personas jóvenes, mujeres cabeza de familia y trabajadores con responsabilidades sociales y económicas. Recalcan que no piden impunidad, sino una justicia restaurativa que priorice la reinserción social, en línea con la Ley de Ejecución Penal (Ley 2298), la cual reconoce la dignidad y la rehabilitación como principios centrales.
Asimismo, plantean que un indulto o amnistía presidencial no solo aliviaría el sufrimiento de cientos de internos y sus familias, sino que permitiría al sistema judicial y a la Policía concentrar sus esfuerzos en desmantelar verdaderas redes de narcotráfico y fortalecer la seguridad ciudadana.
“Les pedimos considerar esta petición como un paso hacia una verdadera justicia que castigue con firmeza a quienes de verdad son un peligro para la sociedad, pero que proteja a quienes somos víctimas de un sistema judicial desactualizado”, concluye el documento.
BD/RPU
