Medidas como “estado de emergencia” y manifestaciones se han registrado por lo menos en las cárceles de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Trinidad. Los detenidos que no son considerados “presos políticos” exigen un trato igualitario.
Brújula Digital|25|08|25|
La instrucción del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para revisar los plazos de detención preventiva de los líderes opositores Marco Pumari, Luis Fernando Camacho y Jeanine Áñez ha desatado malestar en el sistema penitenciario boliviano, donde miles de detenidos preventivos exigen el mismo trato y acusan al sistema de aplicar una justicia selectiva.
Medidas como “estado de emergencia” y manifestaciones se han registrado por lo menos en las cárceles de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Trinidad. Los detenidos que no son considerados “presos políticos” exigen un trato igualitario.
“Igualdad de derecho, igualdad de derechos”, gritaban este lunes los detenidos del penal de San Pedro.
En Trinidad, un delegado de los detenidos leyó un comunicado en el que se denuncia “discriminación” por parte de las autoridades judiciales: “Nosotros tenemos en Trinidad una decena de personas que están cinco años con detención preventiva y no se inician sus juicios. Y ahora se les da preferencia a tres que son de renombre político”, dijo uno de los representantes a radio Fides.
El director del Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, indicó que hay protestas generalizadas en diferentes centros penitenciarios del país.
“Tenemos cerca de 11.000 privados de libertad, de los 18.000 en detención preventiva, que han pasado el año ya, cerca de 7.000 que están más de dos años en detención preventiva y cerca de 4.500 privados de libertad que han sobrepasado los plazos procesales, eso quiere decir que han pasado tres años en detención preventiva hay casos que están cuatro a cinco años”, afirmó Limpias.
Dice que hay reclusos que están con detención preventiva y no se ha podido probar si son culpables o inocentes y relató que se reportaron casos de incluso ocho a nueve años con detención preventiva.
“Una aberración de la justicia respecto a los derechos que establece la normativa nacional e internacional”, agregó.
El director del penal de San Pedro en La Paz, Rodolfo Machicado, indicó que las protestas son pacíficas y se registran también en otros penales.
“No solamente esta protesta se ha dado en San Pedro, desde ayer están realizando algunas protestas pacíficas en Palmasola (Santa Cruz), Villa Busch (Cobija) y otros centros penitenciarios”, afirmó.
La misma situación se veía en el resto del país. El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé y el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, coincidieron en que la revisión de plazos debe aplicarse de forma universal.
Callisaya precisó que, a junio de 2025, el 58,2% de los 33.275 privados de libertad en Bolivia se encuentra en detención preventiva.
Rodríguez Veltzé recordó que la cifra de los “detenidos preventivos” supera las 20.000 personas en los recintos penitenciarios del país, recordó el portal Sumando Voces.
Los tres casos bajo revisión son considerados por la oposición y organizaciones de derechos humanos como “presos políticos”.
Marco Pumari, Luis Fernando Camacho y Jeanine Áñez fueron acusados por el gobierno del MAS de ser responsables de la crisis que llevó a la salida de Evo Morales en 2019, una narrativa que el oficialismo denominó "golpe de Estado".
Pumari, detenido desde diciembre de 2021, fue trasladado desde Potosí para la audiencia de este lunes en La Paz. Al ingresar a la cárcel de San Pedro, arengó con un “¡viva Bolivia!”. Camacho está recluido en Chonchocoro desde diciembre de 2022. Áñez permanece detenida desde marzo de 2021, aunque fue excluida de la acusación de "golpe"; su defensa alega vicios procesales en los otros juicios que enfrenta.
Hoy, pasadas las 12:30, Camacho ingresó al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Pumari lo hizo unos 45 minutos despupes.
La expectativa por su posible liberación es alta entre sus simpatizantes, que ven en estas audiencias un hito simbólico de una nueva etapa política.
El candidato presidencial Rodrigo Paz afirmó que “el TSJ escuchó el mensaje del pueblo boliviano”, mientras que Samuel Doria Medina señaló que sería un “acto de reparación de una injusticia”.
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