Brújula Digital|25|08|25|
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, saludó este lunes la orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para verificar la totalidad de las detenciones preventivas, de personas procesadas en cárceles del país.
“Saludamos el instructivo N°19/2025 del TSJ que dispone a los tribunales departamentales la organización de jornadas de verificación de plazos en todos los casos de detención preventiva. Desde la Defensoría del Pueblo realizaremos el seguimiento al cumplimiento de dicho instructivo que refleja las observaciones que realizamos en distintos informes e intervenciones realizadas como Institución Nacional de Derechos Humanos”, escribió Callisaya en sus cuentas en redes sociales.
Este lunes se conoció que, ante la ola de protestas de parte de detenidos en las cárceles bolivianas, el TSJ ordenó que se instalen “jornadas de verificación” del cumplimiento de las medidas cautelares de detención preventiva.
“Todas las autoridades jurisdiccionales en todos los tribunales departamentales de justicia de todo el Estado boliviano, de manera inmediata y dentro de las facultades constitucionales, convencionales y legales que les investiguen (deben) proceder a la organización de ‘jornadas de verificación’ del cumplimiento de la medida cautelar personal de detención preventiva en todos los procesos a cargo de cada juzgado y/o tribunal de cada distrito”, se lee en la orden del TSJ, documento que fue compartido por Callisaya.
Tras el cambio producido por el resultado electoral, que marcaron el fracaso del MAS, la semana pasada el TSJ emitió un instructivo en el que exige que se revisen los plazos de quienes son considerados los tres principales presos políticos del país: el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; el exdirigente cívico de Potosí Marco Antonio Pumari y la expresidenta Jeanine Áñez.
La decisión causó polémica por su aparente cálculo político y por ser discriminatoria: en el país, unos 20.000 detenidos, de los 33.000 presos de las cárceles, están en sistema de detención preventiva, sin que sus procesos avancen.
“A junio de 2025 el 58.2% de 33.275 privados de libertad en las cárceles de Bolivia son detenidos preventivos, quienes también están a la espera de que sus procesos sean revisados en los plazos legales de tramitación. Garantizar el debido proceso, la celeridad y la igualdad ante la ley no es solo una obligación legal, sino un compromiso ético con los derechos fundamentales de todas las personas”, escribió Callisaya en sus cuentas de redes sociales luego de conocerse esa decisión inicial del TSJ.
Por esta situación, además, miles de detenidos de distintas cárceles bolivianas protestaron por la decisión del TSJ, exigiendo ser beneficiados por los mismos derechos. Lamentaron que el TSJ “se acuerde recién” de este tema, cuando desde hace años se denuncia que esta situación existe.
BD/JJC
