Los 26 detenidos en la protesta del 29 de mayo en La Paz enfrentaron audiencias cautelares. La defensa denuncia abuso policial y la siembra de pruebas, mientras el Gobierno asegura que se hallaron explosivos y dinero en su poder.
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Dos personas que participaron en la protesta de un grupo evista en La Paz fueron enviadas con detención preventiva al penal de San Pedro, mientras que otras 22 recibieron detención domiciliaria con medidas sustitutivas como arraigo y presentación periódica ante el Ministerio Público. Otras dos ciudadanos fueron liberadas sin cargos, según confirmó el abogado defensor, Vladimir Ochoa.
Los hechos ocurrieron el jueves 29 de mayo, cuando sectores evistas intentaron llegar hasta las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para exigir la habilitación de Evo Morales como candidato con la sigla Pan-Bol. La marcha terminó en enfrentamientos con efectivos policiales en inmediaciones de la plaza Abaroa.
Durante la intervención policial se aprehendió a 26 personas. El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, afirmó que los detenidos portaban explosivos, dinamita, petardos, Bs 23.900 en efectivo y una lista con nombres y pagos, lo que —según dijo— sugiere que la movilización fue financiada.
Sin embargo, el abogado de los manifestantes denunció que la Policía “plantó” pruebas a sus defendidos. “El gobierno ha querido mostrar fuerza, pero terminó demostrando abuso”, declaró Ochoa. Aseguró además que personas ajenas a la protesta fueron arrestadas arbitrariamente, como una persona de 68 años que pasaba por la plaza España y un trabajador que tenía dinero propio fruto de su labor.
“El gobierno sí nos ha plantado dinamita, eso es muy diferente, pero hemos tenido una victoria contundente con la liberación de prácticamente todos los compañeros presos políticos”, sostuvo el jurista.
