Defensoría denuncia uso discrecional de la figura penal de delito de terrorismo contra bloqueadores de Parotani

 Brújula Digital|14|04|25|

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, denunció en conferencia de prensa el uso “discrecional” del tipo penal de terrorismo contra los afines al expresidente Evo Morales involucrados en los bloqueos de Parotani (Cochabamba), ocurridos entre octubre y noviembre del año pasado. Indicó que esta figura fue aplicada en 115 casos y, en algunos de ellos, se habría actuado “con falta de objetividad”.

Según el informe de la Defensoría del Pueblo, durante los 24 días de bloqueo se registraron 212 personas aprehendidas y 45 policías heridos.

 “Este informe está vinculado a la necesidad de reconducir adecuadamente el derecho a un tribunal independiente, imparcial y competente. (Se reportaron) 212 personas aprehendidas, 27 procesos y 91 detenidos preventivos que han sido trasladados a la ciudad de La Paz y estaban en diferentes centros penitenciarios como emergencia de uso discrecional del tipo penal de terrorismo que se ha utilizado 115 veces”, dijo Callisaya en conferencia de prensa. 

Puso como ejemplo el caso de una mujer procesada por terrorismo por portar una honda en su aguayo.

También observó el Decreto Supremo 138 del 20 de mayo de 2009, que dispone que los delitos de terrorismo y otros deben ser procesados necesariamente en La Paz. Aseguró que esta norma se aplicó de manera “discrecional” y “arbitraria”, debido a que no existe un procedimiento específico para el traslado de personas acusadas por este delito.

Callisaya lamentó que los bloqueos hayan perjudicado a la ciudadanía y provocado situaciones de riesgo para niños, adultos mayores, pacientes en hospitales, además de periodistas agredidos y pérdidas económicas en el aparato productivo.

 “Como emergencia de una disputa interna en un partido político, en este caso el gobernante, se ha ido generando una serie de situaciones negativas para toda la población boliviana. A partir de estas tensiones internas dentro de MAS-IPSP se ha generado este proceso de bloqueo durante 24 días y esto ha generado que se desencadene la vulneración de varios derechos debido a la ineficiente gestión de la conflictividad”, afirmó la autoridad.

Los bloqueos en Parotani se llevaron a cabo en defensa del expresidente Morales, que en ese entonces era investigado por el delito de trata y tráfico (actualmente está imputado), y en demanda de un pliego petitorio que incluía la exigencia de su habilitación para las elecciones generales de este año. Durante esas jornadas se reportaron enfrentamientos cuando la Policía intentó despejar la vía.

Las declaraciones del defensor surgen en un momento en que el tipo penal de terrorismo también es invocado para reactivar el caso del alzamiento militar del 26 de junio de 2024.

Desde el viernes pasado, el abogado Jorge Valda y otras personas fueron aprehendidas y trasladadas a La Paz por presuntos delitos de atentado contra el Presidente y terrorismo, en el marco de la investigación por la toma militar de la plaza Murillo.

Tras comparecer ante un juez cautelar, Valda obtuvo libertad irrestricta y llegó el domingo a la ciudad de Santa Cruz.

"Ahora estamos enfocados en defender los derechos. Lo que vamos a hacer es defendernos de un proceso injusto y, de momento, no estamos pensando en iniciar acciones. Solo queremos abrazar a nuestras familias”, declaró Valda a su llegada a Santa Cruz, donde fue recibido por allegados y familiares.

El abogado denunció ser víctima de persecución política y afirmó que esta es la cuarta vez que enfrenta acusaciones impulsadas por el Gobierno.

El pasado 10 de abril, el Ministerio de Gobierno presentó el documental ¿Qué pasó el 26J?. La producción vincula a diversos analistas y dirigentes con el alzamiento liderado por el entonces comandante del Ejército, Juan José Zúñiga.

Según el documental, Zúñiga habría conformado un gabinete civil para asumir eventualmente la Presidencia. El supuesto gabinete incluía a los abogados Jorge Valda y Ana María Morales; los economistas Gonzalo Chávez y Jaime Dunn (actual precandidato de ADN); los analistas Jhosua Bellot y Paul Coca; y los dirigentes José Luis Álvarez (magisterio urbano), Armin Lluta (Asociación Departamental de Productores de Hoja de Coca) y César González (Confederación de Trabajadores Gremiales de Bolivia).

BD/AGT/JA

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