Abogada de familia respalda aplicar pena máxima a joven infanticida; una penalista la rechaza esta posibilidad

Brújula Digital|07|03|25|

Ante el anuncio del ministro de Justicia, César Siles, sobre la presentación de una acción contra la sentencia de seis años de prisión contra un adolescente de 17 años por violar y asesinar a una niña, una abogada experta en derecho de familia respaldó la aplicación de la pena máxima, mientras que una penalista consideró que procesar al menor por la vía ordinaria sería una “aberración”.

La abogada Consuelo Tórrez, experta en derecho de familia y exdirectora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, sostuvo que el caso presenta condiciones que justifican la aplicación de la pena máxima de 30 años de cárcel. 

“Estamos frente a la misma vulnerabilidad, pero en este caso hay signos de violencia sexual, entonces no hay atenuantes para el agresor”, afirmó. 

Señaló que la violencia contra la víctima, una niña de un año y dos meses, hija de la pareja del adolescente, no ocurrió de manera aislada, sino que había antecedentes de agresiones previas y una normalización de la violencia.

Según Tórrez, no es necesario modificar la legislación penal, sino aplicar correctamente las normas vigentes. 

“El código contempla 30 años sin derecho a indulto. Si hay estas condiciones, violencia con data antigua, violencia sexual, violencia física y psicológica, entonces se debe modificar la resolución y aplicar la pena correspondiente sin atenuantes”, indicó. 
 Agregó que la madre de la víctima intentó ocultar el crimen, por lo que también debe ser considerada cómplice.

Penalista rechaza la idea

La abogada penalista Audalia Zurita rechazó la posibilidad de imponer una pena de 30 años al adolescente y calificó la propuesta como "una aberración absoluta". 

“El pretender que los adolescentes o los niños sean considerados como criminales no es solamente una falta de conocimiento, sino que es una aberración absoluta y como Estado nadie podría sostener esa propuesta”, manifestó, en alusión al ministro Siles.

Explicó que la iniciativa del Ministerio de Justicia no tiene respaldo en tratados internacionales ni en doctrinas legales aceptadas. 

“No es posible, no es admisible, no es presentable para el Estado y mucho menos podría representar una política pública de persecución penal”, enfatizó.

El caso

El lunes 3 de marzo, en el barrio Guapurú del Plan 3.000 de Santa Cruz, una mujer de 24 años llevó a su hija sin vida a un centro médico. Informó que la había aplastado accidentalmente mientras le daba de lactar. 

La autopsia, sin embargo, reveló que la niña fue víctima de agresión sexual y que murió a causa de múltiples golpes que le provocaron fracturas en el cráneo y el tórax.

La pareja de la mujer fue hallada culpable; sin embargo, debido a que es menor de edad, solo recibió una pena de seis años.

Este jueves, Siles anunció que presentará una acción judicial para anular la sentencia de seis años y establecer una nueva condena de 30 años para el adolescente. 

“El fallo es legal, porque el juez se ha basado en el Código Niño, Niña Adolescente, pero es injusto”. “Pedimos que se declare parcialmente nula la sentencia y condena que se dictó contra el adolescente y se vuelva a aplicar una nueva con el procedimiento ordinario. Eso quiere decir, 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto”, afirmó en conferencia de prensa.

¿Modificar el Código Niña, Niño y Adolescente?

Además, Siles anunció la intención de reformar el Código Niña, Niño y Adolescente, la Ley 548, para permitir la aplicación de la pena máxima en casos de delitos sexuales y homicidios cometidos por adolescentes. Estas propuestas serán debatidas en mesas de trabajo con el Órgano Judicial y la Fiscalía General.

Respecto a la reforma de la Ley 548, Tórrez destacó que la justicia restaurativa establecida en esta norma busca la reinserción de los adolescentes infractores, pero sin ignorar la gravedad de delitos como el infanticidio.

 “Se debe valorar la vulnerabilidad de la víctima, el rango etario, el sexo y la fuerza utilizada. En este caso, estamos hablando de la peor forma de violencia contra un menor de edad”, expresó.

Tórrez, sin embargo, advirtió que la ley no puede cambiarse por un solo caso. 

“La justicia restaurativa que contempla la Ley 548 no puede cambiar por un delito ni por un caso particular. La ley ha sido un paso importante para garantizar una justicia diferenciada y una nueva forma de proteger los derechos de los adolescentes infractores”, concluyó.

BD/MS/JA

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