Fiscalía apelará sentencia de cinco años contra exministros en el caso Gases

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La Fiscalía Departamental de La Paz interpondrá un recurso de apelación contra la sentencia de cinco años y cuatro meses dictada contra los exministros del gobierno de Jeanine Áñez en la gestión 2020, Arturo Murillo, Luis Fernando López. y Roxana Lizárraga así como contra el exjefe de Seguridad del Ministerio de Defensa, Héctor Pérez y otros implicados.

Según la Fiscalía, existen pruebas “contundentes” que acreditan su responsabilidad en los delitos de incumplimiento de deberes y tráfico ilícito de armas, en relación con la internación de agentes antidisturbios desde Ecuador.

“Durante la investigación se recabaron pruebas clave, como el acta de préstamo de los agentes químicos de Ecuador, los planes de vuelo del avión Hércules C-130, que transportó a policías y militares bolivianos, y la solicitud de devolución de los agentes químicos, entre otros elementos que demuestran la autoría de los sentenciados. Por ello, los exministros varones cumplirán su condena en la cárcel de San Pedro y la exministra en el penal de Obrajes. No obstante, una vez seamos notificados, apelaremos la determinación, ya que consideramos que corresponde la pena máxima”, declaró el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez.

En el mismo proceso, el tribunal dictó resolución absolutoria para los excomandantes del Ejército y de la Policía, Sergio O.C., Rodolfo A.M.T., Rubén P.B., Iván P.I.R., Adhemar J.T.M. y José G.P.S., por el delito de tráfico de armas en grado de complicidad. Asimismo, los exministros fueron absueltos de este último delito.

Por su parte, el fiscal anticorrupción Hernán Kiffer explicó que, según la investigación, el 15 de noviembre de 2019 se realizó una reunión entre los exministros de Gobierno, Defensa y Comunicación, el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el comandante general de la Policía Boliviana y otras autoridades. En dicha reunión, se decidió solicitar el préstamo de material antidisturbios para enfrentar la crisis social en el país.

De acuerdo con declaraciones, la solicitud fue impulsada por la entonces ministra de Comunicación, quien habría coordinado con el gobierno ecuatoriano la provisión de los agentes antidisturbios.

BD/RED