Fiscalía definirá si amplía investigación contra otras personas en caso de trata que implica a Evo Morales

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El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, informó sobre los avances en el caso que se sigue contra el expresidente Evo Morales quien enfrenta una imputación por el delito de Trata y Tráfico de Personas. La investigación, radicada en el departamento de Tarija, contempla solicitudes de ampliación contra otras personas y ratifica audiencia de medidas cautelares programada para el próximo 14 de enero de 2025.

Mariaca destacó que la presunta víctima solicitó la ampliación de la investigación contra dos personas adicionales, petición que será evaluada por la Comisión de Fiscales a cargo del caso. "Vamos a pedir un informe sobre la orden de aprehensión librada antes de que mi persona asumiera como Fiscal General, además de un informe sobre la posible ampliación de la investigación. No permitiremos que se desvíe la investigación principal", afirmó.

La autoridad recordó que la audiencia de medidas cautelares se llevará a cabo el martes 14 de enero a las 9:30, con la obligación de la Comisión de Fiscales de sustentar la imputación presentada contra Morales y la madre de la supuesta víctima. Mariaca subrayó que, de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, en caso de que los imputados no comparezcan, el juez aplicará la declaratoria de rebeldía, lo que implica la emisión de órdenes de aprehensión y arraigo.

Asimismo, indicó que, conforme a lo dispuesto por el juez cautelar, se emitieron edictos para notificar a los imputados debido a que se desconoce su paradero actual. "El procedimiento es claro. Si los imputados no justifican su inasistencia de manera documental y legal, se procederá conforme a los artículos 87 y 89 del Código de Procedimiento Penal, que establecen la rebeldía y las medidas correspondientes", explicó Mariaca.

Finalmente, el Fiscal General precisó que en la audiencia se evaluarán los riesgos procesales de fuga y obstaculización, así como otros elementos presentados por la Fiscalía, que solicita la detención preventiva de los imputados en una cárcel pública del país. "Este es un trabajo coordinado entre el Ministerio Público y el Órgano Judicial para garantizar el cumplimiento de la normativa procesal penal y la justicia", concluyó.

BD/RED