La Fiscalía imputó formalmente al empresario Luis Enrique Iturralde, representante legal y accionista principal de la Inmobiliaria Kantutani, por su presunta responsabilidad en el deslizamiento de tierra ocurrido el 23 de noviembre en la zona Bajo Llojeta. Este desastre dejó 40 viviendas dañadas y cobró la vida de Camila, una niña de cinco años.
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La Fiscalía imputó formalmente al empresario Luis Enrique Iturralde, representante legal y accionista principal de la Inmobiliaria Kantutani, por su presunta responsabilidad en el deslizamiento de tierra ocurrido el 23 de noviembre en la zona Bajo Llojeta. Este desastre dejó 40 viviendas dañadas y cobró la vida de Camila, una niña de cinco años.
El Ministerio Público sostiene que los movimientos de tierra realizados por Kantutani en terrenos inestables contribuyeron al deslizamiento, acumulando más de 5.000 toneladas de lodo que descendieron con fuerza hasta la zona afectada. Los fiscales José Omar Yujra y Franklin Alborta imputaron a Iturralde por los delitos de peligro de estrago, otros estragos, lesiones graves y leves, homicidio culposo y daño calificado.
“En el presente caso, de acuerdo a los argumentos expuestos, se acredita de manera objetiva la existencia de suficientes elementos de convicción, sobre la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo (…) por lo que, sin entrar en mayores consideraciones de orden legal, se resuelve imputar formalmente a Luis Enrique Gonzalo Iturralde Moreno”, señala la imputación.
Para la audiencia de medidas cautelares, la Fiscalía solicitó la detención preventiva de Iturralde por 60 días en el penal de San Pedro. Actualmente, el empresario se encuentra retenido en Perú bajo medidas sustitutivas, a la espera de una resolución sobre su extradición.
La directora jurídica de la Alcaldía de La Paz, Amparo Morales, expresó que esta imputación sería “la decisión más objetiva tomada hasta el momento por la Fiscalía”. Morales recordó que el municipio presentó pruebas contundentes que señalan a la empresa Kantutani como responsable por realizar construcciones en terrenos inestables.
Además, criticó que la empresa no haya asumido responsabilidad por los daños causados a las viviendas y enfatizó que la prioridad no es encarcelar a los responsables, sino que se reparen los perjuicios sufridos por los damnificados y a la Alcaldía, que invirtió recursos en la zona afectada.
La imputación incluye 93 elementos probatorios, entre ellos testimonios de vecinos que responsabilizan directamente a Kantutani y la administración del Cementerio Los Andes. Según la Fiscalía, la mazamorra fue causada por el embovedado del río Pasajahuira, realizado en terrenos que no cumplían con condiciones de seguridad.
El alcalde de Achocalla, Manuel Condori, también está detenido por este caso junto con tres empleados de Kantutani. A su vez, dos subalcaldes enfrentan imputaciones por incumplimiento de deberes y lesiones graves y leves.
BD/RED