Reportajes | 06/11/2019

Sobrevivir a urgencias en un hospital de Bolivia

Sobrevivir a urgencias en un hospital de Bolivia

Brújula Digital |6|11|19|

Fernando Cantoral / ANF

La mañana de un jueves de noviembre de 2018, Rodolfo, de 61 años, fue aplastado por un minibús de su propiedad que se desplazó del lugar donde estaba. El centro médico de su zona, ubicado en Vino Tinto, La Paz, no pudo atenderlo por falta de especialistas. Rodolfo debió seguir su recorrido de urgencias hacia el hospital público más importante de La Paz: el Hospital de Clínicas. Fue aceptado en la Unidad de Emergencias e instalado en el piso sobre un colchón. Los médicos le diagnosticaron una fractura de fémur, cadera y golpe severo en la cabeza. Por la cantidad de pacientes la atención era lenta y los dolores en Rodolfo se hacían insoportables. Su cuadro médico se complicaba.

Por la gravedad de su cuadro, el paciente requirió terapia intensiva para ser estabilizado. Buscó el servicio en el sector público. En el Hospital de Clínicas las únicas tres camas estaban ocupadas. En el Instituto del Tórax, ubicado a unos 200 metros, contaban con cinco camas y tampoco había espacio. La unidad del Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, con cinco camas, estaba en refacción. Su estado crítico forzó a sus familiares a buscar el servicio en centros privados, que en muchos casos cuadriplica el precio del sector estatal.

Hallaron una clínica privada promedio: la Santa Sofía. Un pequeño cuarto con una cama mecánica sin colchón antiescaras, un monitor básico, un respirador, bombas de infusión y un especialista que solo atendía por llamado, cuando por norma internacional, según la Sociedad Europea de Medicina Intensiva, se requiere un intensivista a tiempo completo, o por lo menos el 75 por ciento del tiempo en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).  El precio, 1.000 dólares el día, pero terminaron pagando 1.500 dólares por la gran cantidad de medicamentos que Rodolfo requería. Los familiares, que contaban con ingresos de unos 300 dólares al mes, vieron cómo la situación de salud de su familia, y la imposibilidad de acceder a un buen servicio de salud público, fue mermando el dinero de sus bolsillos hasta quedar endeudados.

El déficit de la terapia o los cuidados intensivos en Bolivia pone en riesgo a los pacientes que la requieren. El costo del servicio es inaccesible para personas de medianos y escasos recursos, y esta realidad persiste pese a que el gobierno estableció un subsidio -en marzo de este año- que cubre una parte de los gastos con el Sistema Único de Salud (SUS). Mucha gente como Rodolfo y sus familiares deben vender sus bienes y acudir a la caridad pública para pagar las elevadas cuentas, y aun así el dinero no alcanza. Otros, sin dinero y sin un lugar donde internar a sus enfermos, simplemente ven morir a sus familiares.

En esta investigación de la Agencia de Noticias Fides, con apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) y la principal plataforma que promueve el periodismo colaborativo en América Latina CONNECTAS, se investigaron 16 unidades de terapia intensiva de los mayores centros de salud en Bolivia, y se evidenció el claro déficit de recursos que atraviesa el sistema de salud de este país. Un déficit que puede ser fácilmente traducido a cifras: el déficit de camas para cuidados intensivos es de al menos 81 por ciento, la mitad de los hospitales visitados carece de servicios complementarios como tomografías, resonancias magnéticas, rayos equis, servicios cuyo costo terminan asumiendo los familiares, los medicamentos de las farmacias institucionales solo llegan a abastecer el 70 por ciento de lo requerido y la cantidad de especialistas y enfermeras es insuficiente en todos los casos. Esto genera como consecuencia la cifra más crítica de todas: una tasa de mortalidad elevada que actualmente llega hasta el 80 por ciento, como se registra en las UTI del San Juan de Dios de Oruro y el Gastroenterológico de Sucre.

Walter Hinojosa, pionero en terapia intensiva y ex jefe de unidad del Hospital de Clínicas, asegura que en Bolivia no tener ni el acceso ni el dinero para pagar este servicio es sinónimo de muerte. “Con seguridad la mortalidad (de las personas que requieren terapia intensiva) ha aumentado”, asegura.

Asimismo, lo afirmó Gabriel Heras, un reconocido intensivista español, en donde la tasa de mortalidad llega al 10.6 por ciento, en una conferencia de Tecnología, Entretenimiento y Diseño (TED) en 2015: “En Bolivia lo que más me impactó fue ver cómo la falta de recursos económicos y tecnológicos hace que la gente fallezca”.

Rodolfo pasó siete días en la Clínica Santa Sofía conectado a la vida mediante un respirador mecánico y un monitor que registró latido a latido sus signos vitales: frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, saturación de oxígeno y temperatura. Cada día que pasaba en la clínica significaba más dinero para sus familiares y amigos, quienes tuvieron que asumir todos sus gastos, incluyendo laboratorios, ecografías, tomografías y consultas. El monto final superó los 10.000 dólares. Eso, sumada a la angustia diaria producida por la incertidumbre de la salud de Rodolfo. 

Pese a que en este país la Constitución Política del Estado de 2009 en su artículo 18, en el capítulo sobre Derechos Fundamentales, señala que “Todas las personas tienen derecho a la salud”; y que “el Sistema Único de Salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social”, hasta 2019 el gobierno boliviano intenta implementar la salud gratuita en el país.

El pasado 1 de marzo el Gobierno, con 13 años en el poder, inició la implementación del Sistema Único de Salud (SUS) para atender al 51 por ciento de la población –unos cinco millones de habitantes- que carece de seguro. El presidente Evo Morales anunció una inversión de 200 millones de dólares para cubrir 1.200 prestaciones de salud -promoción, prevención, consulta ambulatoria integral, hospitalización, servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento médico, odontológico y quirúrgico, provisión de medicamentos esenciales, insumos médicos, etc.-, pagar a 8.000 profesionales y comprar insumos y medicamentos para una atención gratuita.

Los galenos, que cada día reclaman al Gobierno mejores condiciones para ejercer la medicina, y mantienen paros sucesivos desde el 19 de agosto, y aún continúa, calificaron la medida de política y proselitista. Su argumento: el gobierno orientó todos sus esfuerzos con el SUS para el 20 de octubre que tuvo lugar los comicios generales, en los que Evo Morales buscó su cuarta reelección consecutiva, pese a que perdió un referendo en el que consultaba modificar la Constitución para habilitarse como candidato, pues la Constitución boliviana solo permite una reelección. Pero un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia, el 28 de noviembre de 2017, reconoció la reelección indefinida como un derecho humano, habilitando a Morales por siempre como aspirante a la Presidencia. Morales fue elegido para un cuarto mandato bajo la sombra de un supuesto fraude.

“La politización del sistema es un cáncer que está matando a la salud, en este y en todos los gobiernos”, afirma el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Edwin Viruez. “Si antes el sistema público de salud atravesaba por una situación crítica, ahora es mucho más”, concuerda el dirigente de Sindicato de Médicos y Ramas afines, Fernando Romero.

Ambos cuestionan que el gobierno haya iniciado la implementación del SUS sin antes haber mejorado la infraestructura de todo el sistema de salud. No hay nuevos hospitales de Tercer Nivel para el SUS. El único de Nivel 3 inaugurado fue en 2012, en la ciudad de El Alto. El Plan de Hospitales que contempla 11 de Tercer Nivel, anunciado en 2015, para ser entregado en 2017, aún no concluye. Tampoco hay más médicos. Los 8.000 ítems para el personal de salud, como lo viene señalando la ministra Gabriela Montaño, son para aquellos que trabajan durante 10 años o más a contrato. Los insumos y medicamentos se empezaron a entregar el día del lanzamiento del SUS, como lo hizo el presidente Evo Morales, con la entrega de 50 toneladas de medicamentos, la designación de 119 ítems y equipamiento médico para el Complejo Hospitalario Viedma de Cochabamba, el 1 de marzo. 

“Hoy estamos iniciando con el Sistema Único de Salud realmente esperado por muchas y muchos (...) felizmente gracias al modelo económico, ahora garantizamos salud gratuita" para el 51 por ciento de la población que no cuenta con ningún tipo de seguro, dijo el presidente Evo Morales, en la inauguración del SUS en Cochabamba.

El viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, indicó para esta investigación que el gobierno dispuso 37 millones de dólares para equipar, reforzar y ampliar las unidades de terapia intensiva de todos los hospitales de Tercer Nivel del país, con énfasis en los departamentos del eje –La Paz, Cochabamba y Santa Cruz que concentran al 71 por ciento de la población–, entre un 50 a 70 por ciento hasta fines de 2019.

Dentro de este paquete está la subvención de hasta 2.500 bolivianos (359 dólares) en promedio por día y por paciente para quienes requieran terapia intensiva. Incluso pueden ser atendidos en clínicas privadas. El requisito es que no pertenezcan a ningún seguro. La oferta es solo por este año. El gobierno espera con nuevos hospitales estrechar el déficit. “Es un alivio sustancial para el bolsillo de la familia”, dice el viceministro Terrazas. Sin embargo, el monto es considerado insuficiente en casos de pacientes con patologías complejas y fallas múltiples.

Para Hinojosa, un promedio de 2.500 bolivianos por día para un paciente no estaría tan mal, pero el panorama mejoraría si esa cifra se pudiera duplicar. “Hay pacientes que llegan a exceder los 1.000 dólares por día en terapia intensiva y esa cantidad es imposible de pagar para una familia de ingresos medios”, afirma.

Para los médicos el SUS no es sostenible. Viruez y Romero exigen 2.000 millones de dólares para que sea sostenible y piden que el presupuesto para la salud con relación al Producto Interno Bruto (PIB) del país suba de 6,5 al 10 por ciento.