"Pido justicia por la vida de mi hija": el debate sobre la responsabilidad penal de adolescentes en Bolivia

Brújula Digital|08|03|25

La Cabrona, colectivo artístico periodístico

El 15 de septiembre de 2024, Ángela, una joven de 15 años, fue reportada como desaparecida. Días después, su cuerpo fue hallado sin vida en una comunidad cercana a Achacachi. Según el informe forense, la adolescente fue asesinada de manera violenta y su cuerpo quedó abandonado en el lugar donde fue encontrado por comunarios, quienes alertaron a las autoridades.

Las investigaciones apuntaron a Dagner y Richard, dos adolescentes de 16 años, como responsables del crimen. Dagner, expareja de Ángela, confesó el asesinato y fue sentenciado a seis años en un centro de rehabilitación para menores. Richard, su cómplice, cumplió detención preventiva durante tres meses en espera de la conclusión del proceso judicial. Para la familia de Ángela, la sentencia no es suficiente.

Este es un caso más que reaviva el debate sobre la responsabilidad penal de los adolescentes en Bolivia, donde el Código Niña, Niño y Adolescente (Ley 548) establece que los menores de entre 14 y 18 años pueden ser procesados penalmente, pero solo pueden recibir un máximo de seis años de reclusión en centros de infractores, independientemente de la gravedad del delito.

El sistema penal juvenil en Bolivia: ¿Una puerta abierta a la impunidad?

Bolivia cuenta con un sistema de justicia especializado para adolescentes infractores, basado en el Código Niña, Niño y Adolescente (Ley 548). Esta normativa establece que los menores de entre 14 y 18 años que cometan delitos serán juzgados en una jurisdicción diferente a la de los adultos, con un enfoque en la rehabilitación y reinserción social. Sin embargo, la efectividad de este sistema ha sido cuestionada, especialmente en casos de extrema violencia.

El Artículo 267 de la Ley 548 señala que los adolescentes infractores pueden ser sancionados con medidas socioeducativas en libertad, con restricción de libertad o con privación de libertad en centros especializados. No obstante, la pena máxima que pueden recibir es de seis años de internamiento, independientemente de la gravedad del delito. Además, la ley establece la edad máxima de veinticuatro (24) años para el cumplimiento de la sanción en privación de libertad.

Esto significa que, sin importar si un adolescente comete delitos como feminicidio, violación o asesinato, no podrá recibir una condena mayor a seis años, algo que ha generado indignación en las familias.

Los adolescentes sentenciados son enviados a centros de internamiento especializados, como el Centro Cometa en Cochabamba, donde se busca su rehabilitación a través de programas educativos y psicológicos. Sin embargo, la efectividad de estos programas está en duda.

Mariela Arze, directora de la Sedepos en Cochabamba, la mayoría de los adolescentes que llegan al centro cumplen penas por delitos graves como violación, feminicidio y asesinato.

"Los adolescentes llegan al Centro Cometa con la intención de ser reeducados y evitar la reincidencia del delito. Sin embargo, hay muchos casos en los que se cuestiona si realmente la reinserción funciona”, explica Arze.

Según el Ministerio Público, en 2024 ingresaron al sistema penal juvenil 1.461 menores de edad, la mayoría acusados de violencia sexual. La pregunta que se plantea es si el actual sistema de justicia juvenil realmente cumple con su objetivo de rehabilitación o si, por el contrario, perpetúa la impunidad en casos de extrema violencia.

El sistema de justicia penal juvenil en Bolivia ha sido diseñado para priorizar la rehabilitación de los adolescentes infractores, pero muchas voces críticas señalan que esta protección legal deja en desventaja a las víctimas y sus familias.

"Las víctimas y sus familias quedan desamparadas. Mientras los agresores reciben penas mínimas y opciones de reinserción, las víctimas tienen que vivir con las secuelas físicas y emocionales de la violencia", denuncia la abogada Mayra Ruth Daza Montaño – Abogada de la Casa de la Mujer.

Casos recientes han demostrado que la justicia juvenil, en su afán de proteger a los menores infractores, ha otorgado sentencias extremadamente reducidas a agresores que cometieron delitos graves. En muchos de estos casos, las víctimas y sus familias quedan con una sensación de impunidad.

Actualmente, el Centro Cometa alberga a 109 adolescentes, la mayoría de ellos sentenciados por delitos graves como violación, agresión sexual, tráfico de sustancias y feminicidio. Sin embargo, el sistema presenta múltiples fallas. El tiempo de reclusión es corto, la supervisión posterior a la liberación es deficiente y muchos de los internos no consideran su internamiento como una verdadera oportunidad de cambio.

"El problema es que no hay una verdadera rehabilitación. Muchos de estos adolescentes solo ven el tiempo de internamiento como un castigo temporal y no como una oportunidad de cambiar”, señala Arze.

La justicia restaurativa busca la rehabilitación del agresor y la reparación del daño causado. Sin embargo, en casos de violación y feminicidio, muchos consideran que este enfoque no es suficiente.

Jessica Echeverría, abogada penalista, cuestiona su efectividad en estos casos: "No hay ninguna restauración real. Los adolescentes condenados por violación reciben sentencias cortas, muchas veces con arresto domiciliario. No hay un seguimiento efectivo. Y lo peor es que muchas veces reinciden”.

"¿Qué reparación hay cuando un juez solo prohíbe al agresor usar TikTok? ¿Dónde está la justicia cuando un adolescente violador solo recibe tres años de detención domiciliaria?”,

El problema, según Echeverría, radica en que la legislación está diseñada para proteger a los menores infractores, pero deja en el olvido a las víctimas.

La falta de un sistema de justicia efectiva para adolescentes infractores deja a las víctimas y sus familias en un estado de vulnerabilidad. En muchos casos, las víctimas deben convivir con sus agresores, ya sea porque pertenecen a su entorno familiar o porque las sentencias son demasiado leves.

"Las víctimas terminan abandonando sus denuncias porque el sistema no las protege. Muchas deben cambiar de domicilio o de escuela por miedo a represalias", denuncia Riosel Jimena Flores, psicóloga del Área de Atención del CEPAT en Cochabamba.

El debate sobre el sistema penal juvenil en Bolivia sigue abierto. Si bien la rehabilitación es un objetivo clave, es fundamental que esta no se convierta en un mecanismo de impunidad. Es necesario un equilibrio entre la reinserción de los adolescentes infractores y el derecho de las víctimas a recibir justicia y medidas de protección.

Casos emblemáticos que cuestionan la justicia juvenil

En agosto de 2024, la población de San Rafael de Velasco se vio profundamente conmocionada por el violento asesinato de Yiseli, una niña de ocho años. La pequeña había sido reportada como desaparecida por su familia, pero fue encontrada sin vida cerca del domicilio de su asesina. La autora confesa del crimen fue una menor de 17 años, vecina de la víctima, cuya madre fue quien alertó a la policía para confesar el hecho.

Tras someterse a un proceso abreviado, la joven fue sentenciada a seis años de reclusión por el delito de infanticidio. La audiencia se llevó a cabo de manera virtual en las dependencias de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Además, otros tres implicados —los padres y el tío de la sentenciada— recibieron 180 días de detención preventiva por complicidad en el infanticidio.

La imputación señaló que estos tres individuos tenían conocimiento de los hechos y participaron activamente en el traslado del cuerpo de la niña desde un basurero hasta un terreno ubicado a un kilómetro del lugar del crimen.

Otro caso ocurrido en 2020 en Santa Cruz, donde una niña de cinco años fue víctima de abuso sexual por parte de un menor de 12 años. Inicialmente, la niña afirmó haber sufrido una caída, pero un examen médico confirmó que había sido violada. Sin embargo, debido a la edad del agresor, no fue posible iniciar un proceso penal en su contra, lo que dejó a la familia de la víctima sin acceso a la justicia.

Las víctimas: doblemente castigadas por el sistema

La Constitución Política del Estado (CPE), en su artículo 60, establece la protección integral de niñas, niños y adolescentes, asegurando su acceso a justicia y protección. Sin embargo, en la práctica, esta protección es insuficiente, especialmente cuando los agresores son menores de edad.

"Las víctimas deben cambiar de colegio, mudarse de casa o incluso abandonar sus estudios porque sienten miedo. Mientras tanto, los agresores quedan impunes o con penas ridículas”, denuncia Echeverría.

Riosel Jimena Flores, psicóloga del CEPAT Cochabamba, explica los efectos del abuso sexual en las víctimas:

"Muchas niñas y adolescentes presentan ansiedad, depresión, intentos de suicidio y problemas de socialización. Trabajamos con ellas para que retomen el control de sus vidas, pero el daño psicológico es profundo”.

Además, la familia de las víctimas también sufre. Muchas madres y padres, en lugar de recibir apoyo, son culpabilizados por el entorno.

"Algunas madres dicen 'ahora debo trabajar más porque tu padre está en la cárcel', lo que genera en la niña un sentimiento de culpa injustificado”, señala Flores.

¿Hacia dónde debe ir la justicia juvenil en Bolivia?

El caso de Ángela y muchos otros han reavivado el debate sobre la responsabilidad penal de los adolescentes en Bolivia. Si bien la rehabilitación es un objetivo importante, muchos sectores consideran que la justicia juvenil es demasiado benévola con los agresores de delitos graves.

El Estado debe reformar las penas para los adolescentes que cometan delitos de feminicidio, asesinato y violación, asegurando que las víctimas y sus familias reciban verdadera justicia y apoyo. La impunidad solo perpetúa la violencia y deja en vulnerabilidad a las futuras generaciones.

BD/

Tags:

• Infanticidio
• Feminicidio