Fuego en Santa Cruz: cifras, causas y consecuencias

Página Siete|20|10|19|Gonzalo Colque|Director de Fundación Tierra

Entre agosto y septiembre de 2019, Santa Cruz ha sufrido la mayor crisis ambiental ocasionada por los incendios forestales. La superficie quemada alcanzó 3,6 millones de hectáreas, lo que equivale al 9,6% del territorio cruceño y representa el 72% del total de superficie afectada por el fuego a nivel nacional. 

Es un récord histórico. Una crisis de estas dimensiones no se había presentado ni en los años de mayor deforestación para la expansión de la frontera agrícola. Por supuesto, el resultado hubiera sido mucho peor sin las intervenciones de emergencia y las lluvias tempraneras que liquidaron el fuego rebelde.

Examinar este hecho importa en sí mismo y, sobre todo, abre las puertas para identificar las fuerzas y los intereses que están por detrás del modelo agropecuario que abrazan el Gobierno de Evo Morales y sus aliados: los grandes propietarios de la tierra. Incendio en cifras 

A modo de una imagen resumida, tengamos presente que la mitad de la superficie afectada son bosques y la otra mitad pastizales y otras formaciones menos boscosas. La mitad son tierras fiscales o de propiedad estatal y la otra mitad son tierras de propiedad privada (individual y colectiva). No son las mismas mitades, no tienen que serlo; aunque las zonas boscosas se encuentran mayormente dentro de las tierras fiscales. 

Para ahondar, centremos nuestra mirada en esa mitad de tierra con derechos de propiedad. Según los datos de Fundación Tierra, el 44,8% es propiedad de empresas agropecuarias; el 24%, Tierras Comunitarias de Origen (TCO); el 14,2%, medianas propiedades; el 11%, comunarias; y el restante 6%, pequeñas propiedades. 

Aquí caben sólo dos posibilidades para los incendios: o son quemas provocadas por los mismos propietarios o es consecuencia del fuego descontrolado. En cualquier caso, los reportes de las quemas ofrecen una pista a seguir. Las grandes propiedades ganaderas son los principales protagonistas, básicamente porque siguen quemando, es la técnica obsoleta de quemar los potreros y pastizales para hacerlos rebrotar con la siguiente temporada de lluvias.

Las regiones más golpeadas revelan más información. Por ejemplo, la zona de San José de Chiquitos-Puerto Suárez es la más afectada, con 1.045.893 hectáreas quemadas (29% del total departamental). De este total, el 76% son tierras fiscales, mayormente situadas dentro del área protegida de Ñembi Guasu (Charagua). 

La otra zona de consideración es San Matías, donde las hectáreas incendiadas suman, en total, 1.021.829, siendo el 46,3% tierras fiscales; el 29,7%, grandes propiedades ganaderas;  y el 7,9%, medianas propiedades. Una tercera zona más afectada está en San Ignacio de Velasco: 729.411 hectáreas azotadas por el fuego (20% del departamento), siendo el 45,1% tierras fiscales, seguido por grandes propiedades (27,8%) y propiedades comunarias (14%).

Causas

A la luz de estas cifras y otros reportes, las explicaciones dominantes sobre las causas de los incendios siguen siendo insatisfactorias. Para el Gobierno nacional pesan las razones de tipo político-electorales. En varias entrevistas, el presidente Evo Morales aseveró que los incendios fueron provocados por sus opositores de la derecha y, en parte, la sequía que afectó la Chiquitania habría incidido negativamente. Por su lado, el Comité Cívico de Santa Cruz atribuyó el desastre a los asentamientos autorizados por el INRA en las tierras fiscales de Santa Cruz y a la Ley 741 del año 2015 que les autoriza desmontar hasta 20 hectáreas por beneficiario. Convencidos de que esto es así, después del cabildo de Santa Cruz del 4 de octubre, una delegación de cívicos recorrió los municipios de Chiquitania a fin de inspeccionar las zonas de asentamientos y coordinar con los gobiernos municipales el desalojo de los “colonos”. Ambas, son posturas sesgadas y funcionales a intereses políticos y sectoriales.  

En primer lugar, tanto el Gobierno nacional como los cívicos cruceños ignoran, o pretenden ignorar, que los grandes propietarios son los principales involucrados. Están en el ojo de la tormenta los ganaderos de San Matías y San Ignacio de Velasco; es decir, los mismos que protagonizaron las quemas a gran escala del año 2010. Un factor agravante para  que el fuego haya cobrado dimensiones inesperadas es que varias de estas grandes propiedades han sido consolidadas con títulos de propiedad en los últimos cinco años. Además, una decena de estas propiedades tienen superficies mayores al límite constitucional de 5.000 hectáreas. Es el caso de la propiedad ganadera “Compañía ganadera exportadora importadora boliviana SA”, titulada el año 2016 con una extensión de 17.000 hectáreas y 14.000 de las mismas fueron arrasadas por el fuego. Esta y otras haciendas ganaderas son beneficiarias de la alianza público-privada para la exportación de carne vacuna a China.

En segundo lugar, la presencia marginal de los asentamientos en las zonas más golpeadas contradice la versión de los cívicos cruceños. Dentro del territorio de los municipios chiquitanos de San Miguel y San Rafaelde Velasco existen cerca de 200 asentamientos autorizados por el INRA, pero estas zonas quedaron casi libres de incendios. Donde los asentamientos de nuevas comunidades tienen indicios de responsabilidades en la zona de Las Taperas-Chochis, en los municipios de San José de Chiquitos y Roboré. En ese lugar, el fuego comenzó dentro de las tierras fiscales con asentamientos y rápidamente se propagó hasta alcanzar la frontera con Paraguay. El resultado: 369 mil hectáreas incendiadas en el área protegida municipal de Ñembi Guasu. 

Si tendríamos que formular una conclusión concisa, ésta sería que los incendios que azotaron Santa Cruz no tienen su principal razón de ser en la habilitación inmediata de nuevas tierras para la agricultura a gran escala, sino que fueron inducidas por las expectativas sobredimensionadas que despertaron las recientes políticas gubernamentales de desprotección de los bosques, cancelación de sanciones para la tala y quema ilegal, “perdonazos” a la deforestación ilegal y autorizaciones de asentamientos administrados como un secreto de Estado. Prevalece y crece la apropiación especulativa de la tierra y de los bosques en las principales franjas de penetración de la frontera agropecuaria. 

Consecuencias

Las consecuencias directas son de tipo socioambiental. En términos sociales, los principales damnificados son las comunidades indígenas de las tierras bajas y las TCO. Esto significa que los programas de apoyo tendrían que promover la restitución de las pérdidas, la recuperación de los medios de vida y el monitoreo y manejo comunitario del fuego. Y en términos ambientales, los incendios a gran escala provocaron pérdidas y degradaciones de los bosques, suelo, fuentes de agua y biodiversidad. 

El Gobierno, sin cuantificar los daños mediante una auditoría ambiental especializada que se requiere en estos casos, anunció el lanzamiento del “Plan Tajibo”, como la recuperación posincendio de la Chiquitania.

Sin embargo, aparte de los efectos directos, el fuego ha despertado una preocupación generalizada en la población boliviana y que sobrepasó las fronteras nacionales. El incendio se convirtió en una señal de alarma de alto impacto sobre las consecuencias de las acciones humanas. Está abriendo una corriente de opinión pública favorable para la evaluación crítica de las políticas agroambientales y, en definitiva, del modelo de agricultura que privilegia el Gobierno.

Lo que sucedió en la Chiquitania no sólo muestra los altos costos ambientales, sino que está poniendo en duda la viabilidad económica del modelo agropecuario dominante. Está en cuestión la política de Evo Morales de convertir el agro cruceño en una nueva locomotora económica mediante más soya, más agrocombustibles y duplicación del hato vacuno para exportar carne a China. A finales de 2018, los soyeros y el Gobierno lanzaron la llamada “era de biodiésel”. La inversión público-privada pactada asciende a 2.000 millones de dólares, el Gobierno legalizará nuevas variedades de semillas transgénicas, mantendrá las subvenciones al diésel y, además, será el principal comprador del biodiésel. 

El acercamiento entre Bolivia y China trajo consigo un nuevo acuerdo comercial para la exportación de carne vacuna. Hace poco, los representantes chinos recorrieron las propiedades ganaderas y evaluaron el sistema sanitario. Por su parte, Evo Morales viajó dos veces a China para promover el proyecto cárnico, la primera vez para reunirse con las corporaciones e industrias interesadas, y más tarde para apurar la firma de los protocolos comerciales correspondientes. 

El mandatario concedió una prioridad tan alta a este negocio, que no dudó en el mes de agosto en suspender su aparición televisada en el oficio de extinguidor de incendios, para despachar personalmente el primer contenedor de carne con rumbo al país asiático.

En suma, la promesa de lucro inmediato y fácil ha reunido a enemigos políticos y económicos que hace poco parecían irreconciliables. Los aliados asumen que las tierras con bosques tienen valor cero y los beneficios económicos serán enormes. Los soyeros prometen divisas por más de 1.000 millones de dólares, pero el Gobierno gasta alrededor de 350 millones en subvencionar la importación de diésel, es decir, el combustible utilizado mayormente por las maquinarias agrícolas. Los ganaderos prometen ingresos anuales por encima de 900 millones de dólares para el año 2030 y, a cambio, pidieron la deforestación progresiva de hasta 20 millones de hectáreas. ¿Y qué pasa con los asentamientos de nuevas comunidades? No tienen un claro papel económico y crecen las evidencias de que los beneficiarios principales serían los cocaleros del trópico de Cochabamba. 

En otras palabras, los incendios han puesto de manifiesto que la tendencia suicida de las políticas agroambientales no sería sólo en lo ambiental, sino también en el campo económico.