Un decreto de 1995 reduce las propiedades de cientos de vecinos de la zona Said

Maite Lemus

Brújula Digital |26|02|19|

Las propiedades de cientos de vecinos de la zona Said y otras de La Paz están afectadas por un decreto supremo, que les quita parte de sus terrenos e impide que puedan vender sus propiedades o hacer ampliaciones a las construcciones actuales.

Cientos de casas de las zonas Said-Pura Pura, estación central, Buenos Aires, Vásquez, zona 21 de enero, Villa Victoria, Munaypata y Ceja de El Alto están afectadas por el decreto, desconocido hasta hace por muchos de los propietarios.

En diciembre de 1995, durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, se aprobó el Decreto Supremo 24177, que establece que el espacio hasta 15 metros de ambos lados de las vías férreas pertenecerá a ENFE. El problema es que, en ese largo trayecto, existen muchos terrenos y casas afectados.

Debido a ello, pertenecen en parte al Estado todas las casas y terrenos ubicadas a lo largo de la vía. Los vecinos exigen que el decreto sea derogado para que ellos recuperen la totalidad de sus bienes inmuebles.

Los vecinos no fueron informados oportunamente de esa situación y sólo se enteraron años después, cuando algunos quisieron sanear sus documentos de propiedad para vender sus casas o realizar ampliaciones.

“Al ir a hacer los trámites para poder vender mi casa me enteré que tenemos una afectación en nuestras propiedades y resulta que en la época de Goni, para la capitalización de ENFE, se aprobó un decreto supremo que nos quita nuestra propiedad”, dijo Vladimir Lara, uno de los vecinos de la zona de la Said, a Brújula Digital.

El terreno de la casa de Lara, construida en 1940, tiene 700 metros y está ubicada a media cuadra de la ex fábrica Said. El decreto le quita toda la parte trasera de su terreno.

“Este decreto nos está confiscando parte de nuestras viviendas y se quieren adueñar y esto fue con la finalidad de querer darle más valor a ENFE, para vender la empresa”, sostuvo.

Otro de los vecinos de la zona de la Said, Benjamín Navia, dijo que el terreno de su casa tiene 300 metros y que está pensando en construir en la parte de atrás o comprar para ampliar su propiedad, pero tampoco puede regularizar los documentos de propiedad.

23 años después de la aprobación del Decreto 24177 los vecinos empiezan a enterarse de esta situación.

“El decreto no hace que debamos desalojar, pero para vender necesitamos sacar el trámite de la Alcaldía, queremos hacer una ampliación, construir y no se puede, ese es el problema”, dijo Navia.

Por ello hay construcciones ilegales en el lugar, según dijo Lara. “Aquí varias construcciones son ilegales y la Alcaldía no dice nada. Yo les dije a los funcionarios ‘pero cómo han construido en varios lugares de la zona’ y ellos mismos me dijeron: ‘señor, el 70% de las construcciones de La Paz son ilegales’”, contó.

El abogado de los vecinos

Daniel Aguilar, abogado de los vecinos, mencionó que el Decreto Supremo es confiscatorio de los bienes de las personas que se encontraban asentadas inclusive antes de que se creara ENFE, en 1964. Además, desde los años 90, el ferrocarril no presta ningún servicio.

“Un decreto de 1995 orientado a la capitalización y basado a la ley de Capitalización de 1544 no podría de ninguna forma en este momento contradecir a nuestra Constitución”, sostuvo Aguilar.

“Este decreto 24177 tiene un afán más de tipo comercial ya que quería hacer más atractiva la compra de ENFE para los capitalizadores, es decir, para las empresas que quisieron adjudicarse la red ferroviaria andina y con este decreto les hicieron creer que la misma tendría muchos bienes”, dijo.

“Nunca nos han pagado”

La Ley de Expropiación por causa de Utilidad Pública del 30 de diciembre de 1884, establece en su Artículo 1 que no se puede obligar a ningún particular, corporación o establecimiento de cualquier especie a que ceda o enajene su propiedad para obras de interés público, sin que precedan los requisitos siguientes:

1.- Declaración solemne de que la obra proyectada es de utilidad pública, y permiso competente para ejecutarla;

2.- Declaración de que es indispensable que se ceda o enajene el todo o una parte de la propiedad para ejecutar la obra de utilidad pública;

3.- Justiprecio de lo que haya de cederse o enajenarse;

4.- Pago del precio de la indemnización.

“Nunca nos han pagado, nosotros tenemos derecho a la propiedad privada por la misma Constitución. Deberían pagarnos como dice la ley, pero nos están confiscando”, manifestó Lara, vecino de la zona Said.

¿Qué exigen como vecinos?

Los vecinos señalan que la Alcaldía y ENFE no colaboran, “se pasan la pelota” unos a otros y expresan que el decreto debe ser cumplido.

Lara y Navia piden a las autoridades que se anule el Decreto Supremo 24177. “Está confiscando la propiedad privada y violando la Constitución, esto es lo que ha hecho Gonzalo Sánchez de Lozada, el gobierno actual no puede hacer lo mismo que ha hecho ese gobierno. Nunca nos consultaron, no pagaron, simplemente se están adueñando de manera arbitraria”, dijo Navia.

El abogado Aguilar explicó que “si no se pone la situación en orden va a trascender de un problema legal a un problema social y debería ser analizado. Se debe dejar sin efecto el decreto. Las autoridades municipales, departamentales y nacionales tienen que tomar”, señaló.