Veeduría ciudadana solicita ser acreditada como observadora del proceso de elección de candidatos judiciales

Brújula Digital|08|03|24|

La Alianza de Observación Ciudadana de la Democracia (OCD), compuesta por 24 organizaciones de la sociedad civil y por facultades de derecho y ciencias políticas de 12 universidades públicas y privadas, formalizó este jueves su pedido de acreditación para participar como observador en el proceso de selección de candidatos a magistrados de los tribunales superiores del país.

En una comunicación dirigida al presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, y al presidente de la comisión mixta de Justicia Plural, Roberto Padilla, la directora ejecutiva de UNITAS, Mila Reynolds, en representación de la OCD, ha solicitado el reconocimiento de la alianza como observadora durante las distintas etapas del proceso de preselección de candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Supremo de Justicia.

La solicitud, fundamentada en lo estipulado en la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024, busca que la Alianza OCD Bolivia sea acreditada para ejercer un rol de vigilancia ciudadana durante todo el proceso de selección. La carta fue entregada en la ventanilla de la Asamblea Legislativa este jueves, dijo una nota de prensa de los impulsores de la medida.

Además, en una carta separada dirigida a la comisión mixta de Justicia Plural, la Alianza OCD solicita la acreditación para observar el proceso de preselección de candidatos al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura.

La solicitud de acreditación coincide con una situación de tensión en la Asamblea Legislativa, en la que se han registrado peleas entre oficialistas y opositores por el futuro de los magistrados autoprorrogados, lo que, según el director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, aumenta el riesgo de manipulación del proceso de selección de candidatos, agrega la nota.

“El acuerdo logrado para la promulgación de la Ley 1549 aumenta el riesgo de que el actual proceso de preselección designe a candidatos que respondan a los intereses del partido en función de gobierno, profundizando así la crisis del sistema judicial, pero a la vez se convierte en el único camino que en este momento puede lograr de manera democrática y en apego a la CPE la elección de nuevas autoridades judiciales y resolver así la ‘autoprórroga’ de las actuales”, indicó Núñez.

En ese contexto, la Veeduría ciudadana busca “ejercer su derecho de acceso a la información pública y de control social a las diferentes etapas para precautelar la legalidad y transparencia de la preselección, y contribuir de esta forma a mejorar la confianza ciudadana en sus instituciones”.

Los magistrados debieron ser elegidos por voto popular el año pasado porque los actuales concluyeron su gestión el 31 de diciembre. Sin embargo, al no haber acuerdo para la preselección de candidatos, el Tribunal Constitucional prorrogó los mandatos de los magistrados, incluidos los de sus integrantes, hasta que se realicen las elecciones.

Finalmente, este año fue aprobada la Ley de convocatoria a elecciones judiciales y por eso ahora la Asamblea inició el proceso de selección de candidatos. Este domingo concluye la recepción de postulaciones.

BD/