Tuto Quiroga exige al Gobierno judicializar denuncia contra Carlos Gill, que se benefició con recursos públicos

Brújula Digital |23|09|20|

El candidato presidencial de Libre 21, Jorge Tuto Quiroga, exigió en la víspera al ahora ministro de Economía, Oscar Ortiz, y a la presidenta Jeanine Añez llevar a estrados judiciales  la investigación que realizaron cuando eran senadores sobre el empresario venezolano Carlos Gill, que se benefició con recursos públicos durante el gobierno de Evo Morales.

“Hace un año Oscar Ortiz A y Jeanine Añez denunciaron, con documentación el entramado de tráfico de influencias del Chavista Carlos Gill en Bolivia. Los ex-senadores son hoy gobierno, con la información de UIF deben intervenir y judicializar su denuncia”, escribió Quiroga, también expresidente de Bolivia (2001-2002).

El informe presentado en el 2019 y firmado por Ortiz señala que desde que Gil compró las empresas editoras de La Razón y El Extra, ambos medios han modificado con claridad su línea editorial, asumiendo una postura claramente prooficialista masista.

Pero afirma que Gill no solo es dueño de ambos medios, sino que “se posee el 50% en el capital social de las Empresas Ferroviarias Andina y Oriental; participa en la empresa Cotienne SA que construyó los teleféricos en  La Paz y El Alto; también en la construcción  la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande y, finalmente, en la instalación de 13 radares de la empresa”.

El resumen ejecutivo de Ortiz cita que en los presupuestos del Ministerio de Obras Públicas entre 2014 y 2018 se asignó a “Mi Teleférico” la suma de 5.025 millones de bolivianos de los que una parte importante fue destinada a la empresa Cotienne SA.

En el sector gasífero Gill habría participado en la construcción de 22 estaciones satelitales de regasificación por más de 162 millones de bolivianos en el marco del Proyecto de la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande, y también en la adquisición de 13 radares de última generación de la empresa Thales Air Systems S.A.S.

Ortiz reveló además las contrataciones directas en las que Carlos Gill Ramírez oficiaba de negociador principal como representante de grandes compañías extranjeras para adjudicarse contratos millonarios con el Estado. “Adicional a esta maraña de relaciones comerciales, también se pueden encontrar vínculos de los altos directivos del propio Gill Ramírez con autoridades del entorno del Presidente Morales Ayma”, dice el resumen ejecutivo firmado por el entonces senador opositor.

En sus conclusiones afirma que existen vínculos entre los ejecutivos de las empresas del venezolano con autoridades del entorno de Evo Morales. El informe, denominado, “Carlos Gill Ramírez, el empresario favorito del MAS” fue presentado por Ortiz en septiembre del pasado año, poco antes de las elecciones de 2019, pero las mismas nunca fueron a la justicia ordinaria.

Dinero público en manos privadas

Un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) del Estado, al que tuvo acceso Brújula Digital, establece que el gobierno de Venezuela le prestó al Estado boliviano, entre 2008 y 2009, la suma de 16,1 millones de dólares a través del programa Evo Cumple.

Una vez recibidos esos recursos, que le pertenecían al Estado boliviano, fueron traspasados a cuentas privadas. Luego se enviaron 4,5 millones de dólares a España a cuentas del grupo PRISA, mediante la empresa Flaba Trading, que pertenece a Marcelo Hurtado, para la adquisición de La Razón-Extra, dice el informe de la UIF.

Otros 10,02 millones de dólares fueron enviados, según el reporte, a cuentas en EEUU a nombre de Jordán Silva Tugues, asistente del empresario venezolano chavista Carlos Gill, para la adquisición de ATB. Para ello se usaron las cuentas de las empresas de Hurtado: Flaba Trading y Estrategias Energéticas.

Posteriormente, añade el informe, las acciones de La Razón-Extra terminaron en manos de Carlos Gill, y las de ATB en las de Marcelo Hurtado; este último fue gerente general de esa empresa durante una década hasta que cayó detenido en enero pasado acusado de legitimación de ganancias ilícitas y otros delitos. Hurtado luego fue también propietario de PAT, según datos de la Fiscalía que sigue la investigación, canal que el gobierno anterior adquirió mediante extorsión según denunció su dueño anterior, Abdallah Daher.

“La Ley 004 (Marcelo Quiroga Santa Cruz) establece que se pueden incautar y secuestrar bienes cuando la figura es la de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado”, dijo a Brújula Digital el abogado Eduardo León.