Tras 12 días de denuncias de avasallamientos, Gobierno anuncia reuniones y operativos

Brújula Digital |12|12|22|

Desde el primer día de este mes se registraron al menos tres denuncias de avasallamientos en los departamentos de Santa Cruz y Pando, acciones en las que una persona falleció y otras quedaron heridas. A 12 días de esas denuncias, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció este lunes reuniones en Santa Cruz y operativos.

La “inacción” de la Policía Boliviana, la Justicia y de autoridades gubernamentales fue cuestionada por las personas afectadas por los avasallamientos, además de autoridades subnacionales y representantes cívicos y empresariales.

El Ministro de Gobierno anunció que hoy viajará a Santa Cruz para sostener reuniones con las diferentes partes involucradas en los casos de avasallamientos. “Mañana vamos a realizar los operativos correspondientes”, adelantó Del Castillo en una conferencia de prensa.

Entre el 1 y 2 de diciembre se registraron dos avasallamientos violentos en los municipios de Guarayos en Santa Cruz y Sena en Pando; en este último una persona perdió la vida. La semana pasada hubo violentos enfrentamientos en Las Lomas de Arena, de la familia Kim, donde se criticó el accionar de la Policía, que no detuvo a ninguna persona, pese a existir flagrancia en las agresiones.

Al respecto, Del Castillo explicó que efectivos policiales no pueden actuar por delitos en flagrancia en este tipo de casos, debido a que hay denuncias de avasallamientos falsas, incluso presentadas por los propios avasalladores.

En ese sentido, justificó el accionar a la Policía Boliviana por la inexistencia de pronunciamientos judiciales, para verificar la propiedad legítima de un determinado predio y emitir la respectiva orden de desalojo, con la que los efectivos policiales procederían a sacar de una propiedad a los avasalladores.

El Ministro de Gobierno advirtió que el trabajo que desplegarán actualmente en Santa Cruz estará enmarcado en las facultades que les ofrece la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes en el país y que los traficantes de tierras deberán ser castigados.

BD/JJC