Senado aprueba ley de arraigo por tres meses para autoridades salientes

Brújula Digital |11|08|20|

La Cámara de Senadores aprobó este martes el Proyecto de Ley de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional por el espacio de tres meses, una vez que concluyan su mandato, para autoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo, además de autoridades ediles, para que éstas emitan los informes respectivos a sus sucesores, en el marco de la transparencia, y para evitar la impunidad, en caso de casos de corrupción.

La normativa señala que tiene alcance sobre el presidente, vicepresidente, ministros de Estado, gobernadores, alcaldes y máximas autoridades ejecutivas de las empresas e instituciones públicas salientes, además de asambleístas plurinacionales, departamentales y concejales.

El primer vicepresidente del Senado, Milton Barón, explicó que el proyecto de ley busca impulsar el manejo transparente de la administración pública. “El objetivo de este proyecto de ley es reafirmar la transparencia como un principio fundamental de la administración pública, eso significa que toda autoridad de los niveles ejecutivo, legislativo, tanto desde el nivel central, departamental y municipal, no podrán abandonar el país durante tres meses posteriores a la conclusión de su mandato, por lo tanto, toda autoridad que ejerza funciones deberá rendir cuentas al pueblo”, explicó, según un reporte del Senado.

Al referirse a esta normativa, el senador Ciro Zabala, del Movimiento Al Socialismo (MAS), aseguró que “no existe ni un solo artículo de la Constitución Política del Estado, ni ninguna ley que le prohíba al ciudadano a ser transparente”.

La pasada semana, la presidenta del Senado, Eva Copa, anunció que esta ley, también denominada de arraigo para autoridades, iba a ser aprobada por el Legislativo. “La ley de arraigo va salir sí o sí de la Asamblea Legislativa y no es solamente para este gobierno, (sino) para los que vayan viniendo de igual manera, tenemos que ver un mecanismo para que se investiguen los hechos de corrupción que están siendo denunciados y los que podrían venir más adelante y esta es la única forma que estos señores vinculados a estos temas (no huyan) y que sea la justicia boliviana la que los vayan a sancionar”, declaró a radio Kausachun Coca.

El incumplimiento de esta norma será pasible a una responsabilidad penal, establece el artículo 3 de este proyecto de ley que pasó a la Cámara de Diputados, para su respectiva revisión.

La Contraloría General del Estado será la institución que se encargará de enviar la lista de las autoridades señaladas en esta ley a la Dirección General de Migración, para su respectivo cumplimiento.

BD/JJC