Secretario de Fiscalía: “En lo que no estoy de acuerdo es que se diga que el informe de la OEA tiene carácter vinculante”

Brújula Digital |31|07|21|

Este sábado, desde la Fiscalía General del Estado señalaron no estar de acuerdo con el carácter vinculante de la auditoria que realizó, a petición del gobierno de Evo Morales en el 2019, la Organización de Estados Americanos (OEA) a las elecciones generales de octubre del mismo año.

El Secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe, sostuvo que se debe definir los campos en los cuales se puso el término del carácter vinculante de la auditoria, y separarlo entre lo político y lo jurídico.

"En lo que no estoy de acuerdo es que se diga que el informe de la OEA tiene carácter vinculante. Sin embargo, hay que definir dos campos distintos: uno en el marco técnico y otro en lo político (...) Que en el campo político hayan acordado con propósitos eminentemente políticos, el objeto era pacificar el país, el efecto vinculante fue netamente político", aseguró Quispe en entrevista con El Deber radio.

El 30 de octubre de 2019, luego de las denuncias de irregularidades en el proceso electoral que dio paso a conflictos político-sociales, el entonces canciller Diego Pary y la OEA suscribieron un acuerdo para la elaboración de una auditoria que tendría un carácter vinculante, es decir, de cumplimiento para las instituciones del Estado.

"Hemos concluido los acuerdos a ser firmados entre Bolivia y la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se pueda realizar la auditoría integral a las elecciones generales del 20 de octubre (…) el resultado del informe de auditoría será vinculante para las dos partes", dijo Pary en 2019.

En tal sentido, Quispe señaló que dicha auditoría solo fue un indicio para continuar con la investigación por las irregularidades en los comicios generales. Pero en el mismo año, la Fiscalía inició una indagación de irregularidades en las elecciones y detuvo a los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con base al documento emitido por la OEA.

Dicho informe reveló que en las elecciones hubo una “manipulación dolosa” en la alteración de actas y la falsificación de las firmas de los jurados de mesa y en el conteo de los resultados, que luego de conocerse, Morales aceptó el informe y convocó a nuevas elecciones con nuevas autoridades electorales.

Empero, ya teniendo la auditoria de la OEA, la Fiscalía presentó el informe del Grupo de investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Universidad de Salamanca, concluyó que no hubo “manipulación de datos”, informe que fue defendido por el secretario de la Fiscalía, pese a que se detectó que los equipos informáticos eran vulnerables y manipulables.

Asimismo, justificó la decisión de cerrar el caso de fraude electoral y aseguró que las investigaciones determinaron que hubo irregularidades, inconsistencias, negligencias, pero que no un delito de fraude, que no figura en el Código Penal boliviano. 

"Nace la necesidad de contar con una pericia, con un grupo de expertos que puedan determinar de manera efectiva, técnica y científica si la base de datos correspondiente al cómputo oficial fue vulnerado o hubiese existido alguna manipulación informática. Si revisamos estrictamente el código penal no existe el delito de fraude electoral", indicó

BD/MC