Relatora de Naciones Unidas insta al Gobierno a proteger derechos y libertades de Albarracín

Brújula Digital |30|01|23|

Por medio de una carta, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos y representante de Naciones Unidas, Mary Lawlor, instó al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de Waldo Albarracín y le solicitó un informe.

“A la espera de su respuesta, quisiera instar al Gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas. Quisiera asimismo instarle a que tome las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan”, señala Lawlor en el último párrafo de su misiva.

La carta fue enviada el 29 de noviembre de 2022 y en ella advierte que agradecería recibir una repuesta en un plazo de 60 días, ya que pasado ese lapso de tiempo la misiva y el informe recibido serían publicados.

Lawlor demandó la atención urgente del Gobierno respecto a la información que recibió en relación con “el presunto uso indebido del derecho penal contra el defensor de los derechos humanos Sr. Waldo Albarracín Sánchez, así que amenazas y actos de hostigamiento en su contra”.

En ese contexto, Lawlor hizo un relato de los procesos judiciales que se iniciaron en Bolivia, desde 2021, en contra de Albarracín, quien, añade, fue presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Defensor del Pueblo y Rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

Por ejemplo, cita al proceso judicial iniciado contra Albarracín por el delito de abandono de una mujer embarazada, en el que se demostró, con una prueba de ADN, que no era el padre biológico de la víctima.

También hace mención al anuncio de un proceso en contra de Albarracín por el “presunto golpe de Estado de 2019”, por el cual aún no fue notificado. Otro proceso irregular identificado por Lawlor tiene que ver con el juicio a un dirigente estudiantil de la UMSA, en 2022, para el que buscaba obligar a Albarracín que declare, bajo amenaza de aprehensión, cuando éste dejó de ser rector en 2019.

Lawlor señaló al Gobierno que entre 2019 y 2020 la justicia no hizo caso a la denuncia de Albarracín sobre la quema de su domicilio durante los conflictos poselectorales de 2019.

Con esos antecedentes, Lawlor sostiene que es su responsabilidad intentar clarificar las alegaciones recibidas, por lo que pidió cualquier información o comentario adicional en relación con las alegaciones descritas.

Además, solicitó información sobre la base legal y factual para los procedimientos judiciales emprendidos contra Albarracín.

Demandó “proporcionar información sobre las medidas adoptadas para investigar las presuntas amenazas dirigidas al Sr. Albarracín y miembros de su familia, así como el ataque a su domicilio, y para 3 garantizar la rendición de cuentas de cualquier persona declarada responsable por estos hechos”.

BD/JJC