Rafael Quispe es el nuevo director del Fondo Indígena y anuncia que “desenmascarará” a “malos dirigentes”

Brújula Digital|26|11|19|

El diputado Rafael Quispe fue posesionado el martes como el nuevo director del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) por la presidenta Jeanine Áñez. En sus primeras declaraciones, la nueva autoridad anunció que “desenmascarará a esos malos dirigentes que han hecho uso y abuso de los recursos económicos”, en los últimos 14 años del gobierno de Evo Morales, que renunció el 10 de noviembre por fraude electoral.

“Sin importar las consecuencias doy la cara como siempre lo hice, y me estoy proponiendo poner orden al Fondo Indígena y desenmascarar a esos malos dirigentes que han hecho uso y abuso de los recursos económicos”, anticipó Quispe con un bastón de mando y poncho de color rojo.

Quispe, nacido en ayllu Sicuypata en la provincia Pacajes, destacó que tomó conocimiento de un desfalco de alrededor de 1.000 millones de bolivianos del Fondo Indígena, por lo que, su tarea inicial, será encaminar una auditoría a los proyectos ejecutados en los últimos años.

Afirmó que el MAS convirtió al Fondo Indígena en una suerte de "billetera" para pagar como bono de lealtad a dirigentes comprados en favor del masismo. “Desde hoy el Fondo Indígena atenderá las demandas de nuestros hermanos, en favor de las comunidades indígenas originarias campesinas, llevando proyectos para resolver sus demandas de educación, salud y desarrollo económico”, dijo.

El millonario desfalco al Fondo Indígena fue uno de los hechos de corrupción más sonados en el gobierno de Morales, en sus 14 años ininterrumpidos. La Fiscalía no recuperó el dinero ni dio con los responsables. Al contrario, el caso quedó congelado desde la aprehensión y detención preventiva de Nemesia Achacollo, exministra de Desarrollo Rural y expresidenta del  Directorio del Fondo Indígena, ahora con detención domiciliaria. Otra ministra del área Julia Ramos (MAS) fue encarcelada.

El hecho de corrupción en gobierno de Evo

El 12 de febrero de 2015, el entonces contralor Gabriel Herbas, exdiputado del MAS, confirmó un daño económico al Estado por 71 millones de bolivianos por 153 proyectos inconclusos y fantasmas. Trece días después fue designada Lariza Fuentes como Interventora del Fondo Indígena (Fondioc).

Seis meses después, el 25 de agosto de 2015, Fuentes informó un daño económico de 102 millones de bolivianos por 30 proyectos "fantasma” y 713 inconclusos que recibieron al menos un desembolso en cuentas particulares.  En total, el daño económico -que identificaron- fue de 173 millones de bolivianos, de acuerdo con un reporte de Página Siete.  

En esa coyuntura, la exministra de Transparencia, Leny Valdivia (MAS), aseguró que las transferencias bancarias a cuentas particulares fueron producto de una mala gestión en el Fondo Indígena, creado en 2005 para financiar proyectos de desarrollo en áreas campesinas y territorios indígenas. 

Para revertir la mala situación el Gobierno, mediante Decreto Supremo 2493, del 26 de agosto de 2015, creó el Fondo de Desarrollo Indígena como institución descentralizada. Paralelamente a Fuentes la designaron como Liquidadora del Fondioc, con una nueva misión: dirigir el proceso de liquidación de esa entidad por el lapso de un año. 

Sólo se conoce que el Fondo Indígena desembolsó recursos para 1.099 proyectos y no así para 1.100 proyectos como  inicialmente comunicó Lariza Fuentes. Además, se sabe que dirigentes entregaron descargos de 389 proyectos y que el nuevo Fondo Indígena  aún revisa la documentación de 213 proyectos, mientras procesa 128  debido a que hasta el 15 de agosto los dirigentes seguían entregando sus respaldos.

Por ese caso se iniciaron 86 procesos penales, de los cuales 74 son contra los directores ejecutivos del ex-Fondo Indígena, dirigentes y representantes legales de cada proyecto. Otros 12 son procesos contra exfuncionarios.

Por el caso Fondioc 10 personas están con  detención domiciliaria, 37 con detención preventiva, 22 con medidas sustitutivas, 18 fueron declaradas rebeldes, 20 están con medidas cautelares; en total,  105 imputados.