|OPINIÓN|País sin dinero comprando base nuclear y drones|Javier Torres Goitia|

Brújula Digital|06|07|24|

Javier Torres Goitia

En el Instituto de Estudios de Guerra (ISW por sus siglas en inglés) dieron por hecho que el gobierno de Teherán venderá drones Iranís al gobierno Boliviano. El Ministro iraní Mohammad Reza Ashtiani declaró que “los países de América del Sur tienen un lugar especial en la política exterior y de defensa de Irán debido a ubicarse en una zona muy sensible, según la BBC.

El Ministro de Defensa de Bolivia, Edgar Novillo, declaró en 2023 que el convenio implica la compra de drones Shahed-186. La lista de conflictos bélicos donde se usan estos drones incluye a la fuerza militar rusa en su invasión a Ucrania, a la Guardia Revolucionaria Islámica en Kurdistán, a la oposición siria contra la base militar norteamericana Al-Tanf, según medios occidentales.

El barco petrolero Mercer Street, de bandera japonesa, fue atacado por Irán en el Golfo de Omán en julio de 2021; también fueron utilizados por los Huties en la Guerra Civil Yemení en 2020. El costo de estos drones es de aproximadamente 22.000 dólares por unidad y son utilizados fundamentalmente para eventos bélicos, actos terroristas o guerras declaradas. ¿Pensamos declarar la guerra a algún vecino? Si no es el caso, ¿por qué gastaremos 10 millones de dólares en este tipo de armamento?

Por su parte, la ministra de Seguridad de la Argentina, Patricia Bullrich, denunció que el acuerdo boliviano-iraní introdujo cerca de 700 militantes de la Guardia Quds iraní, el cual es el brazo armado del Estado Islámico Iraní.

Por otro lado, Reuters publicó en marzo de 2016 que el Gobierno de Evo Morales firmó un contrato con la empresa rusa Rosatom para la instalación de una base nuclear en la ciudad de El Alto. El costo en su momento fue de 350 millones de dólares, cuyo contrato acaba de ser ratificado por el presidente Luis Arce.

La realidad económica boliviana muestra un déficit fiscal de 12% del PIB; además, según la Fundación Milenio, Bolivia tiene el mayor déficit fiscal de su historia, con un valor de más de 4.000 millones de dólares. La fundación Milenio resume la situación de la economía boliviana en los siguientes términos “El legado de la política del MAS es haber destruido una industria (hidrocarburos) que pudo haber cambiado el destino y la posición de Bolivia en la región. Lo que queda es el descalabro de YPFB, un Estado fiscalmente quebrado, una economía que se hunde, un país expuesto a desabastecimiento, y crisis energética (…). No hay nación más vulnerable que la que no puede asegurar sus fuentes de energía”.

Una de las consecuencias de esta realidad es, por ejemplo, que el nivel de la mortalidad materna sea una de las más altas de América Latina, con 160,9 por 1.000 nacidos vivos. Una alta tasa de fecundidad de las adolescentes, del 31%. El 68% de las muertes maternas en Bolivia son de mujeres indígenas y el 14%, de adolescentes, lo que contradice el discurso de la propaganda del MAS. Esto nos pinta un perfil de un país que en las últimas dos décadas no ha logrado mínimos avances en el desarrollo económico y social, inclusive retrocediendo los avances logrados hasta el principio de siglo.

Una inversión de 350 millones de dólares o más en el reactor Rosatom y el convenio de seguridad con Irán significa dejar de invertir en salud, educación, saneamiento y otras áreas prioritarias para mejorar el nivel de vida de las personas.

Vale la pena recordar que en 1996, cuando Bolivia aún no tenía los réditos del proceso de capitalización, con una economía con pocos ingresos, iniciamos el arduo y duro camino hacia un Seguro Universal, la estrategia del Seguro Nacional Materno Infantil en el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, en el cual se invirtieron aproximadamente nueve millones de dólares anuales en insumos, medicamentos y alimentos para proveer los servicios básicos de salud a la mujer embarazada y al recién nacido; con ello logramos reducir la mortalidad materna en un 45% entre 1996 y 2002. Con menos de 50 millones de dólares en ese período se tuvo un impacto importante, el más grande en la región, al mejorar la vida de las mujeres más vulnerables en edad fértil.

En 2003, con el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), esta cifra subió a 15 millones de dólares anuales hasta 2006, es decir 45 millones de dólares más con otra importante reducción de mortalidad materna y neonatal. Recordemos que la capitalización empieza a dar réditos en 2006, llegando a generar una reserva internacional de 16.000 millones de dólares, de los cuales ahora quedaron reducidos a menos de 6% de aquella cifra de 2016

¿Imaginemos cuanto bien le podríamos hacer a la población boliviana, especialmente a la que habita en las áreas rurales o periurbanas, si invirtiéramos esos 360 millones en algo parecido a los seguros públicos de salud iniciados en 1996? No creo que sea adecuado para un país como Bolivia invertir en bases nucleares o drones, especialmente estando en la debacle económica que estamos, en la que debemos proteger los escasos recurso para mejorar la calidad de vida del ciudadano boliviano. Basta de consignas delincuenciales y despilfarro de nuestros recursos. El gobierno es el responsable de la administración de nuestros recursos, es nuestro deber como ciudadanos observar y demandar que lo hagan de una forma responsable. El Gobierno sirve al pueblo, no al revés.

Javier Torres Goitia Caballero es médico. Fue ministro de Estado.