La Paz, 07 de septiembre de 2024
Presos políticos de 2023. Foto/GHRL
Brújula Digital|13|07|24|
En Bolivia existen actualmente 278 presos políticos, según un recuento realizado por la Global Human Rights League (GHRL), una ONG orientada a la defensa de los derechos humanos.
De los detenidos, 46 son mujeres y 250, hombres, dice el reporte dado a conocer por el portal Infobae. El informe agrega que de los detenidos, dos son menores de edad.
El dato registra detenciones hasta este mes de julio, siendo el último el activista de derechos humanos Fernando Hamdan que, según explicación del viceministro Jhonny Aguilera, está detenido por haber realizado supuestas “llamadas telefónicas” al general Juan José Zúñiga, previas a la insubordinación del 26 de junio, como si ello comprobara que fue parte de alguna conspiración.
Entre los 278 presos políticos están la expresidenta Jeanine Áñez, que según la Constitución debe ser procesada en un juicio de responsabilidades, no en un proceso penal; el gobernador Luis Fernando Camacho, a quien se acusa de haber participado de “un golpe de Estado” que nunca existió y Marco Pumari, acusado sin pruebas de haber alentado la quema de la sede del tribunal electoral de Potosí.
Hamdan que fue detenido el pasado domingo y pasará los siguientes seis meses en el penal de San Pedro de La Paz por el delito de “alzamiento armado y terrorismo”. Obviamente, como en el 100% de los casos, no será liberado después de ese período. Las detenciones políticas en Bolivia son virtualmente indefinidas.
En la lista de GHRL también figuran decenas de militares están acusados de “terrorismo” por haber participado, directa o indirectamente, de la represión a las protestas promovidas por Evo Morales en Sacaba y Senkata. Muchos de ellos ni siquiera estuvieron en el lugar de los eventos en los que se produjo la represión.
El reporte agrega que en 2022 es el año con mayor cantidad de presos políticos, con 151 casos, seguido de 2023, con 63 casos. En el periodo de 2019 a 2021 se reportaron 83 casos y en lo que va de este año, uno.
El informe señala que desde la asunción del mando presidencial de Luis Arce, “las persecuciones políticas no han parado”.
GHRL indica que una persona puede ser considerada como preso político cuando la detención ha sido impuesta en violación de una de las garantías fundamentales consagradas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus protocolos; si la detención ha sido impuesta por razones puramente políticas, sin conexión con cualquier delito; si la duración o las condiciones de la detención están claramente fuera de proporción con el delito; si, por motivos políticos, él o ella son detenidos en forma discriminatoria en comparación con otras personas; o, si la detención es el resultado de procedimientos que fueron claramente injustos y ésta parece estar relacionado con motivos políticos de las autoridades.
“La violación a los derechos fundamentales en Bolivia no son casos aislados, son a grupos de personas que no comparten el comportamiento totalitario de los que gobiernan, donde no hay separación de poderes y no hay elecciones transparentes y libres para el pueblo”, afirma la ONG.
La GHRL es una organización estadounidense sin fines de lucro enfocada en la defensa, promoción y enseñanza de los derechos humanos a nivel mundial. Funciona bajo las leyes del Estado de Florida y es de tendencia republicana.
La entidad señala que hace unos meses alcanzó a haber 296 presos políticos, de los cuales algunos han sido liberados y dos han fallecido.
BD/AGT/RPU