Política | 15/09/2020

Ministerio Público espera 5 aprehensiones por los bloqueos; deslinda responsabilidad

Ministerio Público espera 5 aprehensiones por los bloqueos; deslinda responsabilidad

El fiscal general Juan Lanchipa. Foto: Fiscalía

Brújula Digital |15|09|20|

El Ministerio Público espera los informes de ejecución de las cinco órdenes de aprehensión en contra de responsables del bloqueo de caminos de agosto, mandamientos que ya fueron entregados a la Policía Boliviana por las comisiones de fiscales que se conformaron en cada fiscalía departamental, para que investiguen y sancionen a los autores de esa movilización que duró 12 días.

Sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) protagonizaron entre el 3 y 14 de agosto un bloqueo de caminos para rechazar la postergación de las elecciones generales hasta el 18 de octubre, una decisión que, a pesar de esa movilización, fue ratificada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para alejarlo del pico que alcanzará la pandemia del coronavirus (COVID-19) en el país. La protesta causó la muerte de unos 40 pacientes por COVID-19, según el Gobierno, por falta de oxígeno medicinal que no pudo llegar a hospitales por el corte de vías. Además, las pérdidas económicas que dejó sobrepasan los $us 1.000 millones, según el Ministerio de Economía.

“Las cinco órdenes de aprensión en contra de estas personas, que han sido identificadas, fueron entregadas a la Policía Boliviana; sin embargo, estas aún no han sido ejecutadas, entiéndase que es competencia de esta institución la ejecución de estos mandamientos de aprehensión, por lo que aún estamos a la espera de recibir los informes correspondientes de ejecución,” declaró en Sucre el fiscal general Juan Lanchipa, según un reporte del Ministerio Público.

Además, el Fiscal General señaló que se encuentra pendiente la notificación con la citación para la declaración informativa de los principales sindicados, entre ellos el dirigente minero y lider de la Central Obrera Boliviana (COB) Juan Carlos Guarachi y otras personas, actuación a realizarse una vez que se tenga la información legalmente obtenida.

Hasta ahora se han recibido 35 denuncias en contra de actores sindicales, políticos y cívicos por diferentes tipos penales como delitos contra la salud pública, organización criminal, instigación pública a delinquir, difusión e incitación al racismo y otros que se habrían generado durante el bloqueo de caminos registrados en el país. Uno de los sectores más afectados por el bloqueo de caminos es el sector del transporte pesado, el mismo que anunció incluso procesos internacionales.

El Órgano Ejecutivo, a través de los representantes de los ministerios de Gobierno y Justicia, interpuso el 5 de agosto una demanda en contra de 12 personas, entre ellas el expresidente Evo Morales, los candidatos Luis Arce y David Choquehuanca, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, y el dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, a quienes acusó de cometer los delitos de terrorismo, genocidio y atentar contra la salud pública.

El 4 de septiembre, la Procuraduría General del Estado, en nombre del Estado boliviano, presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede La Haya (Holanda), una demanda contra de Morales y de los dirigentes Huarachi, de la COB, y Leonardo Loza, representante de los cocaleros de Cochabamba, por “los delitos de lesa humanidad por actos inhumanos”.

“Nos hemos constituido a la sede de la CPI y presentamos, en representación del Estado boliviano, la denuncia por la acusación de delitos de lesa humanidad por actos inhumanos en contra de Evo Morales y el señor (Juan Carlos) Huarachi”, sostuvo el procurador general del Estado, José María Cabrera.

La Procuraduría informó que el delito de “lesa humanidad” se perpetró mediante “cercos en las diferentes ciudades del país y bloqueo de carreteras, que durante los 12 días en los que impidieron el paso de suministro de alimentos, oxígeno medicinal, circulación de ambulancias, médicos y paramédicos, en plena pandemia por el coronavirus, y “esta situación provocó el sufrimiento de poblaciones afectadas y derivó en la muerte de al menos 40 pacientes por la falta de atención médica”.

BD/JJC