Mientras diputado Amilcar Barral reitera pedido para su renuncia, Defensora del Pueblo rechaza esa posibilidad

Brújula Digital |14|05|20|

Bajo el justificativo que su renuncia  generaría un vacío institucional y se frenarían los procesos legales que lleva adelante la institución como el rechazo a al uso de transgénicos en el país, la Defensora interina del Pueblo, Nadia Cruz, descartó cualquier posibilidad de alejarse de ese cargo, como solicitó el diputado de Unidad Demócrata Amilcar Barral.

Cruz manifestó que ejerce la función de Defensora del Pueblo sobre la base de lo dispuesto en la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley 870 (Ley del Defensor del pueblo) que establece, “que el interinato de la Defensoría fenece cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) convoque para una nueva designación de defensora o defensor del pueblo”, por lo que “no renunciará a su cargo”.

Nadia Cruz, permanentemente acusada por parlamentarios y autoridades del gobierno de actuar en favor del Movimiento al Socialismo (MAS), negó que sea militante del partido Movimiento Al Socialismo (MAS), “Mi militancia política es con los derechos humanos y lo ha sido hace más de una década”, sostuvo como respuesta a las críticas sobre su actividad.

Pedido de renuncia

Por su parte el diputado por Unidad Demócrata (UD), Amilcar Barral, ratificó este jueves el pedido de renuncia inmediata de Nadia Cruz al cargo de Defensora interina del Pueblo, y justificó su posición al señalar que “esta funcionaria incurre en usurpación de funciones al no existir una ley de prorroga emitida por la Asamblea Legislativa”.

 “El cargo en el que Cruz debería permanecer solamente por tres meses, no fue prorrogado por la Asamblea Legislativa (controlada por el Movimiento al Socialismo – MAS). Desde ese momento y hasta la fecha, se desempeña en un puesto que no le corresponde, pues no está respaldada por una ley emitida por el Legislativo que prorrogue sus funciones) aseveró Barral.

Barral recordó que interpuso el lunes una denuncia contra Cruz por el delito de prolongación de funciones ante la Fiscalía especializada anticorrupción de La Paz y la pasada semana interpuso ante los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), un recurso directo de nulidad “por usurpación de funciones que no le compete, así como ejercer jurisdicción o potestad que no emana de la ley”, contra la actual defensora interina del Pueblo.

BD/JI-PA