Mientras caso del hotel Las Américas amenaza a Evo, las autoridades mantienen silencio

Brújula Digital |27|09|22|

Luego de que saliera a la luz el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso del Hotel Las Américas, que recomendó iniciar una investigación penal a todos los responsables de ese hecho, las autoridades del Estado aún se mantienen en silencio.

Dicho informe señala que el entonces Gobierno de Evo Morales ordenó las ejecuciones extrajudiciales y torturas en contra de un grupo supuestamente armado la madrugada del 16 de abril de 2019 en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz.

La CIDH planteó cuatro recomendaciones para la administración de Luis Arce; una de ellas indica que se debe investigar al expresidente Evo Morales, con la finalidad de evitar un juicio internacional.

Al respecto, el Ministerio de Justicia, a la cabeza de Iván Lima, dijo que no se pronunciará sobre el informe de la CIDH, debido a que esta se encuentra bajo reserva y confidencialidad.

“Por lo que el Gobierno Nacional respetuoso del Pacto Interamericano de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, no puede emitir ningún criterio ya que el mismo aún se encuentra en el marco de la reserva”, señala un comunicado de esa cartera de Estado.

Además, indicó que el caso “fue archivado arbitrariamente durante el gobierno de transición de Jeanine Añez”.

Y este martes, en una conferencia de prensa, Chávez manifestó que las informaciones que se dieron en distintos medios de comunicación, solamente son “especulaciones y nada más”. “Estamos con un carácter de confidencialidad y solamente es un informe, no es vinculante al Estado”, indicó.

Además, aseveró que no leyó el informe de la CIDH y terminó la conferencia de prensa sin dar a conocer una posición al respecto.

Hasta el momento ninguna autoridad estatal se pronunció sobre el informe que está fechado el 21 de diciembre de 2021.

A continuación lea las recomendaciones de la CIDH:

1.- Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe tanto aspecto material como inmaterial. El Estado deberá adoptar las medidas de compensación económica y satisfacción.

2.- Disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de las víctimas del presente caso, de ser su voluntad y de manera concertada.

3.- Iniciar una investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos de forma completar, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan respecto de las graves violaciones de derechos humanos reconocidas en el presente informe. Al tratarse de graves violaciones a los DDHH, el Estado no podrá oponer prescripción u otras eximentes de responsabilidad penal para incumplir con los parámetros de debida diligencia establecidos en el presente informe, incluyendo los protocolos de Estambul.

4.- Adoptar medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares. En particular, implementar programas permanentes de formación en derechos humanos para la Policía, los funcionarios del Ministerio Público y la Judicatura, a fin de erradicar el uso indiscriminado de la fuerza en la investigación de hechos delictivos y en la captura de detención de las responsables de los mismos y asegurar que, en el caso en que tales conductas ocurran, de oficio e inmediatamente se inicien investigaciones efectivas, con perspectivas de género cuando corresponda, que permitan identificar, juzgar y sancionar a los responsables de los mismos.

Legisladores del MAS piden investigaciones

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, dijo que está a la espera de la notificación oficial del informe de la CIDH.

“Si la CIDH notifica al Estado boliviano de que Eduardo Rózsa y otros fueron ejecutados en el hotel Las Américas, nosotros, el MAS y el Estado, no ponen las manos al fuego por Evo Morales, que se actúe conforme a ley”, puntualizó.

Asimismo, otro diputado oficialista, Andrés Flores, dijo que Estado no tiene por qué pagar por las acciones que cometieron Morales y sus exministros. 

“Se tiene que investigar a los exministros y exgobernantes, y no vamos a cubrir a ninguna de las exautoridades, así sea el expresidente Evo Morales”, aseveró.

BD/MC