Mesa denuncia que el gobierno tiene "tentación de autoritarismo"

Brújula Digital |11|5|20|

El expresidente y candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, criticó duramente el contenido de un decreto supremo que busca sancionar la “desinformación” respecto de la crisis sanitaria que vive el país.

Mesa dijo en un mensaje de video distribuido mediante las redes sociales que “el gobierno nos sorprende primero haciendo cosas que no debe y segundo con una cierta tentación de autoritarismo”.

En ese sentido, denunció que “preocupa la disposición adicional del DS 4231 en el que establece que no se puede difundir información de ninguna índole por cualquier medio que pueda ir en contra de la lucha del coronavirus”.

El expresidente considera que esta norma es “una limitación de un derecho fundamental, el derecho a la información, que está contemplado en el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en dos artículos de la Constitución, uno que habla del derecho a la información, a la opinión y a la libre expresión”.

“Debemos llamar la atención sobre una decisión que es autoritaria y que vulnera derechos constitucionales fundamentales de nuestra sociedad”, afirmó.

La presidenta Jeanine Añez promulgó el decreto mencionado para modificar el alcance de dos anteriores y prevenir la “desinformación” ya sea en forma escrita, impresa o artística, amparándose en la declaratoria de emergencia sanitaria aprobada hace dos meses.

El decreto establece que si una persona “desinforma” puede ser demandada ante el Ministerio Público y responder no solamente por delitos contra la salud pública, como establecían las normas anteriores, sino por otros que puedan calificar los fiscales.

A partir de la fecha cualquier persona que “desinforme” incluso de manera “artística”, será pasible a denuncia por la comisión de varios delitos tipificados en el Código Penal.

La Asociación de Periodistas de La Paz y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia emitieron un comunicado el lunes en el que critican la medida.

“La ANPB y la APLP dejan establecido que un decreto supremo, de inferior rango jurídico, no puede vulnerar los artículos 21.5, 106 y 107 de la Constitución Política del Estado, que fija las condiciones de validez del resto del ordenamiento jurídico y de las decisiones y resoluciones de las autoridades públicas y que garantiza, en territorio nacional, el ejercicio del derecho humano y fundamental a la libertad de expresión”, dice un comunicado de ambas entidades.

 Las instituciones agregan que “el DS 4231 viola, por efecto del Bloque de Constitucionalidad, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión y la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que incentivan un amplio ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión”.

El decreto anterior fue duramente criticado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y por la fundación Human Rights Watch (HRW) debido a que su contenido es limitante de la libertad de expresión y contrario a lo establecido por tratados internacionales del que Bolivia es suscriptor.