Mesa denuncia la "infamia del MAS" en un libro sobre el pago de $us 42,6 millones a Quiborax

Brújula Digital |16|09|2021|

El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, y el jefe de bancada de su alianza en la cámara de Diputados, Carlos Alarcón, presentaron hoy un libro titulado "Quiborax, la infamia masista" en el que denuncian que el gobierno de Evo Morales favoreció a la empresa chilena cuando podría demandar a ésta por daños y perjuicios.

"Este libro es un ejemplo de una serie innumerable de escándalos protagonizados por el Movimiento Al Socialismo (MAS) desde que comenzó el gobierno de Evo Morales en el año 2006" resumió el exmandatario en conferencia de prensa.

Con este documento, según dijo, se pretende hacer conocer al país y la comunidad internacional conozca en detalle sobre "cómo se puede generar una infamia en contra de Bolivia y cómo se puede internar cargarle esa infamia a quien ha hecho exactamente lo contrario, a quien enfrentando a una empresa extranjera y enfrentando intereses espúreos fue capaz de llevar la nacionalizasción de nuestro recurso más importante: el Salar de Uyuni", en referencia al juicio de responsabilidades que pretende iniciarle el MAS.

Explicó que su gobierno tomó dos decisiones "históricas", la nacionalización del Salar de Uyuni a pedido de las organizaciones sociales potosinas y la expulsión de la empresa subsidiaria de Quiborax que entonces explotaba el gigante manto salino en el departamento de Potosí.

Mesa promulgó e 9 de diciembre de 2003 una ley que amplió la reserva fiscal de la costra salina del Salar de Uyuni y en junio de 2003 después de una auditoría expulsó a la subsidiaria de la empresa chilena Quiborax en Bolivia: Non Metallic Mineral.

"Esa expulsión fue un acto de soberanía basados en argumentos incuestiobables" afirmó el exmadarario y explicó que Non Metallic Mineral era una empresa subsidiaria integrada por bolivianos y exportaba ulexita más de lo que declaraba, no tenía ficha ambiental y había recibido ilegalmente la concesión.

Afirmó que si tuviera que tomar la misma decisión lo haría "diez veces" porque cuando la empresa chilena demandó al Estado boliviano cometió un delito porque su composición como subsidiaria en Bolivia era "íntegramente boliviana"

"Para poderle enjuiciar a Bolivia falsificó el acta de composición accionaria para transformar la composición totalmente boliviana en una composición mayoritariamente chilena inventándose un acta totalmente fraguada y haciendo desaparecer el acta original" denunció.

Ese "brutal delito" cometido por David Moscoso, según Mesa, fue apoyado por Allan Fosk, máximo ejecutivo de Quiborax, "fue un delito reconocido por el señor Moscoso y fue juzgado por esa falsificación", declaró.

Para el exmandatario, lo "increíble" es que el gobierno de Evo Morales, que conoció la falsificación del acta de constitución porque el proceso contra Moscoso se desarrolló en su gestión, "no reclamó" ante el tribunal arbitral del CIADI ese grave delito cometido por el demandante.

"Si Bolivia hubiera denunciado a David Moscoso, a Non Metallic y a Quiborax por la falsificación simple y sencillamente no se habría producido ningún juicio de arbitraje porque Non Metallic no era una empresa chilena en Bolivia sino una empresa compuesta por bolivianos, no lo hizo a sabiendas, no apeló al protocolo como lo establece el documento del tribunal arbitral" denunció.

Según Mesa, el gobierno de Morales después de que desistió de denunciar a Quiborax por la falsificación justificó las decisiones asumidas por el ahora jefe de Comunidad Ciudadana.

"Dijo que nuestro decreto y nuestra ley de nacionalización eran legales e incuestionables, y a pesar de que dijeron eso en el documento de arbitraje luego me abren un juicio de responsabilidades, ¿quiénes son los responsables de esas irregularidades?" cuestionó.

Identificó al expresidente Morales, Héctor Arce Zaconeta, exministro de Defensa del Estado y exProcurador General del Estado, Cecilia Rocabado, exministra de Defensa Legal del Estado; Pablo Menacho, exministro de Defensa Legal del Estado y exProcurador; Elizabeth Arismendi, exministra de Defensa Legal del Estado; Hugo Montero, exministro de Defensa Legal del Estado y César Navarro, ministro de Minería.

"¿Se debió pagar algo a Non Metallic- Quiborax? No se debió pagar ni un centavo porque fue una empresa que actuó ilegalmente que le robó a Bolivia a partir de la exportación sobredimensionada de la ulexita" afirmó.

También responsabilizó al gobierno de Morales por las negociaciones posteriores con la transnacional chilena porque en un primer acuerdo se negó a pagar tres millones de dólares, en una segunda negociación acordaron el pago de 27 millones de dólares pero fue rechazado por Bolivia y finalmente se tuvo que pagar 42,6 millones de dólares "en una acción entreguista del MAS presidida por Evo Morales para facilitarle los millones al señor Moscoso y al señor Allan Fosk".

Calificó de "pésima" la defensa asumida por el Gobierno porque después de conocido el fallo del tribunal de arbitraje, la Procuraduría abrió sus oficinas a los abogados de la empresa chilena para que trabajen en esas instalaciones, se les proporcionó información y se redactó de manera conjunta un acta de desistimiento para enjuciar al máximo ejecutivo de Quiborax cuando esa labor es del órgano Judicial.

"Resulta que Carlos Mesa, nacionalizador del salar de Uyuni que expulsa a la empresa Non Metallic-Quiborax es acusado en un juicio de responsabilides, este escándalo, esta infamia del MAS, es la que estamos denunciando" indicó.

El jefe de bancada de diputados de CC y abogado de Mesa, Carlos Alarcón, refirió que las inversiones de la subsidiaria chilena no llegaban ni al millón de dólares, evadió el pago de tributos aduaneros e impuestos pero con el pago efectuado en el gobierno de Evo Morales se llevaron "ingentes ganancias" al país vecino.

"El gobierno de Evo Morales debió demandar a la empresa defraudadora y depredadora del Estado boliviano, deberíamos haber sido los bolivianos en ese gobierno los que le pidamos una indeminización por daños y perjuicios, y probablemente esa indemnización a Bolivia hubiera sido más alta que los 42,6 millones que de manera tan fácil y oscura terminaron pagando", lamentó.

El abogado informó que presentaron la demanda en contra de los responsables del pago a Quiborax ante la "injusticia" pero ésta rechazó todos los procesos porque el sistema judicial "está subordinado" al Gobierno, denunció.

BD/JCV