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Política | 28/07/2020

Los cuatro órganos del Estado libran disputas en tres frentes

Los cuatro órganos del Estado libran disputas en tres frentes

La Asamblea Legislativa Plurinacional. Foto: ABI

Brújula Digital |28|07|20|

En las últimas semanas, los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Electoral y Judicial libraron disputas en tres frentes relacionados con la fecha de las elecciones, la aprobación de créditos internacionales para la lucha contra el coronavirus (COVID-19) y la vigencia de la Ley Regulatoria de los Estados de Excepción.

Una de las disputas principales tiene que ver con la fecha de las elecciones, que recientemente fue postergada del 6 de septiembre al 18 de octubre, a causa del coronavirus. En este caso están enfrentados los órganos Electoral, Legislativo y, desde el fin de semana, el Judicial.

El jueves, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió en Sala Plena, sin el respaldo de dos de los siete vocales, postergar la fecha de la votación de los comicios generales porque se prevé que hasta septiembre el país enfrente el golpe más fuerte de la pandemia que la azota desde marzo de este año. La decisión, a diferencia de los otros diferimientos de las elecciones, lo hizo de manera unilateral, sin la aprobación de una ley específica en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), donde el Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene dos tercios de voto, por considerar que las normas le facultan a tomar esa decisión de manera independiente.

El MAS, desde el Legislativo, cuestionó esta decisión, pues al margen de su posición solitaria de ratificar las elecciones para septiembre, considera que la nueva fecha de las elecciones debía ser aprobada a través de una norma. En esta misma línea, los dos vocales del TSE que rechazaron la postergación, Daniel Atahuachi y Francisco Vargas, enviaron un proyecto de ley para que la Asamblea fije la nueva fecha de la votación.

El presidente del TSE, Salvador Romero, expresó este lunes una apertura al cambio de la fecha a través de una ley aprobada por la Asamblea. “Así lo ha señalado el TSE en reiteradas oportunidades, si la Asamblea considera que puede generar más tranquilidad o más certezas para ciertos sectores, de que la Asamblea acompañe la decisión del TSE, bienvenida la iniciativa”, declaró a Cadena A, según reportó El Deber.

A este escenario ingresó el fin de semana el Órgano Judicial, a través de una resolución de la Sala Constitucional Segunda de la ciudad de La Paz, dentro de una acción popular planteada por un grupo de abogados, que establece que las elecciones generales en Bolivia, postergadas por el TSE para el 18 de octubre, no podrán llevarse adelante entretanto no existan las condiciones de seguridad y protección de la salud de los bolivianos y no baje la curva de contagios de COVID-19.

El segundo frente de disputa, sobre la aprobación de créditos internacionales para la lucha contra la pandemia, la protagonizan los órganos Legislativo y Ejecutivo. Mientras la administración de Jeanine Áñez exige a la Asamblea la aprobación de créditos internacionales, los legisladores del MAS, con su mayoría, se oponen por tener observaciones.

Áñez exigió la aprobación de créditos por más de $us 1.000 millones, entre ellos uno otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $us 320 millones. La Presidenta incluso llegó a condicionar el pago del Bono Salud, consistente en la entrega de Bs 500 a los beneficiarios, a que la Asamblea apruebe el crédito del FMI. El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, justificó esa exigencia porque actualmente el Tesoro General de la Nación (TGN) no tiene ingresos por impuestos y otros conceptos, por lo que es imprescindible que entre dinero de préstamos.

La respuesta del MAS fue la misma. El cuestionamiento está dirigido a afirmar que el FMI condicionó el préstamo a una devaluación de la moneda boliviana frente al dólar cuando termine la crisis sanitaria por la pandemia. No obstante, el FMI aclaró la pasada semana que el préstamo que otorga a Bolivia no tiene ningún condicionamiento.Otro de las observaciones del MAS es que el Ejecutivo no envió al Legislativo el contrato de préstamo con el FMI, para que sea considerado en la aprobación de la norma.

La otra disputa fue abierta por la vigencia de la Ley Regulatoria de los Estados de Excepción. En este caso, los órganos Legislativo y Ejecutivo también son los protagonistas. Esta norma fue promulgada el fin de semana por la presidenta del Senado, Eva Copa, en su condición de Presidenta de la ALP, y establece básicamente que militares y policías serán responsables por sus actos y órdenes.

Sin embargo, el Gobierno recordó a Copa que esa ley no puede ser promulgada porque la misma está en consulta, con un recurso de control previo de constitucionalidad, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. El Ejecutivo cuestiona la norma porque limita el accionar de las Fuerzas Armadas y de la Policía en situaciones de conmoción interna.

En respuesta, Copa aclaró que el Gobierno no puede solicitar un control previo de constitucionalidad porque no fue proyectista, tal como lo señala el artículo 112 del Código Procesal Constitucional. “El Órgano Ejecutivo apela a una maniobra jurídica para no dar viabilidad a publicación de Ley que regula los estados de excepción que fue aprobada y sancionada; además, carece de legitimación activa para promover un control previo de constitucionalidad porque no son proyectistas”, escribió en su cuenta de Twitter.

BD/JJC

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