La justicia amplía los delitos en contra de acusados por el alzamiento militar

Brújula Digital|06|07|24|

La Procuraduría General del Estado (PGE) informó que la justicia amplió los delitos en contra de los acusados por el alzamiento militar del 26 de junio pasado.

En un comunicado titulado “Estado procesal caso ‘Golpe de Estado III’”, la PGE da detalles del proceso que se ventila en el juzgado penal anticorrupción quinto del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz.

“Se inició y amplió en su investigación por los delitos de alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentados contra la seguridad del Presidente y otros dignatarios del Estado, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, uso indebido de bienes y servicios públicos tipificados en los artículos 121, 128, 133, 223 del Código Penal y artículo 26 de la Ley N°004”, se lee en el comunicado.

La Procuraduría añade que luego de 10 días de que se abrió la etapa preliminar de investigación, el Ministerio Público admitió seis imputaciones formales que derivaron en medidas cautelares de carácter personal en contra de 24 personas.

El 26 de junio, el entonces comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, lideró tropas y vehículos blindados para la toma militar de la plaza Murillo.

Además, luego de que una tanqueta rompiera la puerta del Palacio Quemado, Zúñiga y otros militares ingresaron al lugar, pero fue encarado por el presidente, Luis Arce, que le exigió replegar las tropas, lo cual fue desobedecido.

Desde un inicio, el Gobierno calificó la situación como un intento de golpe de Estado y posteriormente, como un golpe de Estado fallido. Opositores y otros sectores de la población consideran que se trató de un autogolpe.

La noche del miércoles 26, antes de ser aprehendido, el general Zúñiga aseguró a medios de comunicación que todo lo ocurrido fue coordinado con el presidente Arce, quien le pidió realizar una maniobra para aumentar su popularidad.

En el comunicado, la PGE “reitera su compromiso con la justicia, el Estado constitucional de derecho y la defensa inclaudicable del gobierno legítimamente constituido, asegurando que este caso sea un mensaje contra la impunidad y la no repetición de la Comisión de gravísimos delitos que atentan contra la soberanía popular, la seguridad externa y el orden interno del país”.