La Asamblea ordena abrir procesos en contra de 5 autoridades de empresas estatales

Brújula Digital |29|10|20|

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó la tarde de este jueves el informe final de la comisión mixta que investigó la situación de cuatro empresas estatales durante el periodo del gobierno de transición, mediante el cual se encomienda iniciar procesos en contra de las autoridades de esas firmas por el delito de incumplimiento de deberes y por presunta corrupción.

Según el mandato de la Asamblea Legislativa emitido a mediados de mayo, inicialmente se investigó el manejo de las empresas Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) y Boliviana de Aviación (BoA). No obstante, la resolución de este órgano estatal abrió la posibilidad de investigar a otras firmas, como la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) o al Servicio de Impuestos Nacionales. Sólo se dio curso a la pesquisa en el caso de ENDE.

La comisión especial, al no haber recibido la documentación por parte de las autoridades de esas empresas decidió por mayoría de votos la denuncia por incumplimiento de deberes al gerente general de ENTEL, Eddy Luis Franco Nogales; al presidente ejecutivo de YPFB, Richard Botello Hiza; al presidente ejecutivo de ENDE, José Gastón Eugenio Kreidler Guillaux; al ministro de Energías, Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, y al Ministro de Hidrocarburos, Victos Hugo Zamora Castedo.

La comisión mixta de investigación estuvo conformada por los senadores Ancelma Perlacios (MAS), Milton Barón (MAS) y los diputados Francisco Quispe (MAS), Lidia Patty (MAS), Trinidad Rojas (MAS), Grover Cuevas (MAS), Luis Felipe Dorado (UD), Amílcar Barral (UD) y Yesenia Yarwi (PDC).

A mediados de junio, el senador Milton Barón sostuvo que la investigación tuvo cuatro etapas: la recolección de información, las inspecciones de campo a las empresas investigadas, las entrevistas a quienes administran estas empresas, autoridades y personas que haya intervenido en los procesos de contratación y la elaboración del informe final.

Las investigaciones en el caso ENTEL determinaron un presunto daño económico al Estado que asciende alrededor de Bs. 2,13 millones, provocado en la gestión de Elio Montes como Gerente General de la empresa estatal en hechos irregulares como el pago de hospedaje y consumo extra en un hotel de cinco estrellas de la zona Sur de La Paz, la cancelación de finiquitos a 13 funcionarios de la gestión de Montes, el incremento de entre 14.94% y 55.56% en bonos, refrigerios y transporte y el Auspicio a un piloto de carreras de autos por $us 160.000,00.

En el caso de YPFB, a la conclusión del trabajo de la Comisión, la Máxima Autoridad Ejecutiva se negó a brindar información en relación a 17 notas en la que se le requería información y documentación de posibles hechos de corrupción, que incluyen anulación, resolución de procesos de adjudicación de diferente naturaleza y perfiles de cargo de los funcionarios.

El posible daño económico que se habría generado en contra del Estado y que el Presidente de YPFB no quiso explicar ascendería a una suma de, solo en procesos de contratación, Bs. 947.880.009,73, entre los cuales se menciona el contrato de seguros Credinform, contratos millonarios por la compra de aditivos de origen vegetal por la emergencia Sanitaria, la 8va. Adenda con PETROBRAS y contrato de Servicios de Refrigerio y Limpieza vigentes a la fecha.

Dentro en el caso BOA se investigó la reducción de rutas, contratación de servicio de catering, transporte y otros contratos con presuntas irregularidades, entre ellas el contrato con la empresa Cisneros Interactive Bolivia S:.R.L, provocando un supuesto daño económico al Estado de Bs 1,5 millones.

El último caso de investigación fue la intención del gobierno transitorio de privatizar ENDE, por lo que se envió al Presidente Ejecutivo a.i.  de esta instancia, José Gastón Eugenio kreidler Guillaux, tres notas de fecha 23 de junio de 2020, solicitando informaron sobre la Adquisición de bienes inmuebles, procesos de contratación y su posible privatización, solicitud que fue negada bajo el argumento que al tratarse de dos órganos independientes de Estado corresponderá dirigir la solicitud a través de las presidencias de cada Cámara, desconociendo el rol fiscalizador de los asambleístas que conforman la comisión.

Por otra parte, la Asamblea Legislativa aprobó este jueves una resolución que recomienda a la siguiente legislatura conformar una comisión especial mixta para continuar con la investigación sobre el proceso de privatización y capitalización de empresas, además de elaborar proposiciones acusatorias respecto a otros casos.

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