Iglesia considera “urgente” reforma judicial y pacto fiscal para una “verdadera descentralización económica”

Brújula Digital |16|04|21|

Los obispos de Bolivia consideraron este viernes como “urgente” una reforma judicial, para “establecer la verdad de lo sucedido” en los “hechos del pasado reciente”, y un pacto fiscal para una “verdadera descentralización económica”, demanda no atendida y que se arrastra desde hace más de diez años.

“La falta de una Justicia independiente socava las bases de la democracia y de la convivencia fraterna y pacífica. Se reconoce, de forma general, la urgencia de la reforma de la justicia en el país”, señala el mensaje de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) a la conclusión de la CVIII Asamblea de Obispos de Bolivia, que se realizó del 12 al 16 de abril, en la Casa Cardenal Maurer de la Arquidiócesis de Cochabamba.

El jueves se cumplió un mes del encarcelamiento de la expresidente Jeanine Añez y dos de sus exministros por el supuesto “golpe de Estado” en noviembre de 2019, después de la renuncia de Evo Morales. De manera paralela, cuatro militares fueron enviados a la cárcel en el mismo periodo y por el mismo motivo, un jefe policial recibió detención preventiva después de pagar una suma alta de fianza. Y, a denuncia del MAS hay una lista de exministros contra quienes hay órdenes de aprehensión.

Los obispos señalan que los hechos deben ser establecidos por una justicia independiente. “La tarea de establecer la verdad de lo sucedido involucra directamente a la administración de la justicia que está llamada a obrar con independencia, transparencia e integridad”, añade el mensaje de la CEB, denominada “Somos Bolivianos – Somos Hermanos”.

El mensaje también indica que se necesita una “investigación objetiva” para una reconciliación. “Los hechos del pasado reciente, que nos confrontaron y causaron tanto dolor y tantas víctimas, han contribuido gravemente a esta situación de tensión. Es el momento de establecer la verdad de lo sucedido, como paso necesario para la reconciliación y restablecer un clima de justicia y paz” y asegura que “es deber del Estado proporcionar una investigación objetiva e imparcial, y establecer las responsabilidades de todas las partes involucradas. Reafirmamos nuestra solidaridad y cercanía a las víctimas de esos días aciagos y a sus familiares, ya  expresada en su momento”.

El gobierno de Luis Arce postergó sin fecha la reforma judicial que con mucho entusiasmo inició en noviembre de 2020 y a las pocas semanas lo desahució. En diciembre pasado, el Gobierno y el Legislativo, con mayoría absoluta del Movimiento Al Socialismo (MAS), descartaron la realización de un referendo para una reforma parcial de la Constitución Política del Estado con miras a una reforma judicial, prevista para el 7 de marzo de 2021, porque “no era urgente”, “no hay la posibilidad material” y porque sigue el diálogo con los órganos del Estado y la sociedad civil.

Urge un pacto fiscal

La CEB también incluyó en su mensaje el urgente debate del pacto fiscal, “una verdadera descentralización económica”, después que en la víspera el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) anunciara que el censo de población y vivienda se realizará en 2024, tres años después de lo que estaba previsto.

“A este problema, tenemos que responder con espíritu de justicia y de solidaridad y con instrumentos concretos como el pacto fiscal, reclamado por tantos sectores y regiones del país, pacto que sostenga una verdadera descentralización económica, expresión auténtica de democracia y oportunidad de vida digna para todos”, añade el documento.

El gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, recordó que el MAS posterga el tratamiento del pacto fiscal desde el 2013. “Incumplió el mandato de la Ley Marco Autonomías que establecía que el año 2013 se debería haber logrado un pacto fiscal que distribuyera los recursos entre el nivel central y las administraciones autonómicas del Estado”.

La Iglesia señala que “como se ha señalado, la pandemia ha agravado también la situación de pobreza social que ha puesto de manifiesto la desigualdad y la parcialización en la distribución de los recursos”, pues la distribución o transferencia de recursos del nivel central a los municipios se realiza con número de población de hace diez años.

Camacho protestó contra “el gobierno del MAS que ya tiene un mal antecedente; el anterior censo lo postergó un año, debió realizarse el 2011 y lo hizo el 2012, pero ahora es un absurdo total y un abuso intentar postergar tres años, hasta 2024”.