Gobierno consulta al TCP sobre legalidad de Ley de Cumplimiento de los DDHH, solicita medida cautelar para detener procedimiento legislativo

Brújula Digital|18|01|20|

El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, informó que el Gobierno de la presidenta Jeanine Añez, elevó una consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para definir la legalidad o no de la Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos, antes denominada Ley de Garantías.

Alanoca indicó que se solicitó una medida cautelar para detener el procedimiento legislativo, promulgación de parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional controlada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), hasta la emisión de una declaración constitucional.

"Hemos presentado un recurso de consulta previa de constitucionalidad ante el TCP, a efecto de que se pueda dar una revisión exhaustiva a este proyecto de ley de garantías que se ha aprobado en la Cámara de Diputados. Incluimos una medida cautelar que espera parar el procedimiento legislativo", informó la autoridad de Estado.

Ante el anuncio de los legisladores del MAS de promulgar lo norma si la presidente Jeanine Añez no lo hacía en un lapso de 10 días desde su sanción, el Ejecutivo determinó presentar la consulta y la medida cautelar al TCP y no promulgará la norma hasta tener un fallo de la instancia de análisis constitucional.

Israel Alanoca aclaró que ese recurso fue presentado en el tiempo establecido por ley, porque el procedimiento legislativo no termina en tanto no se promulgue y publique la norma.

"La presidenta no lo va a promulgar, hemos mandado este recurso de medida cautelar al TCP hasta que este pueda emitir un fallo", precisó.

El viceministro explicó que esa norma, vulnera el principio de separación e independencia de poderes que establece la Constitución Política del Estado (CPE). Agregó que el principio de igualdad también es vulnerado en esa ley, "que hace diferencia entre unos bolivianos y otros", sostuvo Alanoca.

Explicó que la indemnización a las víctimas de los conflictos suscitados en octubre y noviembre está en proceso, tiene avances y actualmente se contrastan los informes de la Defensoría del Pueblo con los informes emitidos por el Ministerio Público.

El viceministro Alanoca pidió celeridad al TCP para que en primera instancia pueda admitir el recurso presentado en Sucre.

De acuerdo a la Asamblea Legislativa Plurinacional, la norma tiene por objeto velar por el cumplimiento del ejercicio de los derechos fundamentales, civiles, políticos y de libre expresión, contenidos en la Constitución Política del Estado, Tratados, Convenios e Instrumentos Internacionales en materia de Derechos Humanos, a favor de las bolivianas y los bolivianos, extranjeras y extranjeros residentes en Bolivia.

Asimismo, prohíbe las acciones de hecho, aprehensiones y detenciones preventivas arbitrarias, hostigamiento judicial o cualquier medida ilegal de coacción que impida el libre ejercicio de derechos y libertades, por los acontecimientos políticos suscitados a partir del 21 de octubre de 2019.