Gobierno cierra la exportación de carne y amenaza con procesos a comerciantes por alza de precios

Brújula Digital |19|11|2021|

El Gobierno amenazó con procesos judiciales por agio a los comerciantes de carne que anunciaron el incremento de ese producto de primera necesidad y prohibió las exportaciones de la carne para que el 100% se comercialice en Bolivia.

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, afirmó que los comerciantes "están entrando en otro campo que se llama agio y queremos decirles que no cometan ese error" porque "ahí sí tenemos las herramientas legales para hacer cumplir la norma y tendrán que pagar las consecuencias porque nosotros como Gobierno tenemos que garantizar la seguridad alimentaria".

Su colega de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, afirmó que "una de las excusas" de los comercializadores de carne "era que estaban exportando la carne hacia el exterior". "Al respecto debo manifestar enfáticamente que ya hoy no se está exportando la carne hacia el exterior, por tanto el 100% de la carne de ganado vacuno es para abastecer el mercado interno, en ese sentido vamos a extremar los esfuerzos para controlar para que este abastecimiento sea a precio justo", afirmó.

La autoridad demandó a los productores de carne cumplir sus compromisos de abastecer el mercado interno y convocó a los comercializadores a la "reflexión" porque si continúan anunciando el incremento de la carne los consumidores dejarán de comprar este producto de consumo masivo.

La Confederación Nacional de Trabajadores de Carne de Bolivia (Contracabol) determinó en un ampliado nacional el incremento entre uno y tres bolivianos el precio de carne de res en todos los departamentos y denunciaron el incumplimiento del acuerdo firmado por el Gobierno.

El Gobierno se comprometió en el último encuentro que sostuvo con Contracabol a mantener el precio estable debido a la fiscalización a los centros de remate de ganado en pie.

Senasag, que depende del Ministerio de Desarrollo Rural, tenía que redactar el reglamento para el funcionamiento y cierre de los centros de remate en un plazo de siete días.

El ministro Huanca admitió de que no hubo avances debido al paro en contra de la Ley 1386 que finalmente fue anulada por la Asamblea Legislativa.

BD/JCV