García Linera dice que el desalojo no se hará “a gusto del cliente” y una comisión cívica verifica asentamientos ilegales

Brújula Digital|08|10|19|

El vicepresidente Álvaro García Linera sostuvo el martes que el desalojo de colonizadores ilegales en la Chiquitania, como es el pedido del cabildo cruceño del viernes, no se hará “a gusto del cliente”, y desde el lunes una comisión de cívicos verifica los asentamientos clandestinos en la zona devastada por el fuego, que dejó cuatro millones de hectáreas convertidas en cenizas.

El segundo mandatario afirmó que es necesario hacer un estudio pues, a su juicio, cualquier asentamiento ilegal debe ser desalojado, pero eso "no va a ser a gusto del cliente", pues antes se debe hacer un trabajo en conjunto con instituciones como el INRA, en una entrevista con Cadena A.

El vicepresidente se refirió a las decisiones del cabildo cruceño que establece desalojar asentamientos ilegales en la Chiquitania, la abrogación de la Ley 741 y el DS 3973, entre otras. Dijo que si bien hay que hacerlo, se requiere un estudio realizado entre varias instituciones pero sin violencia. "No creo que eso se vaya a llevar al ámbito de la violencia, (además) para definir si hay una ocupación ilegal o no, se requiere de toda una auditoría, hay que delimitar donde uno está ubicado, se tiene que hacer georeferencia de cada lugar y eso requiere una fuerte inversión", dijo  García Linera.

Cívicos recorren la Chiquitania

Una comisión de la dirigencia cívica liderada por el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se desplazó el lunes a la Chiquitania para iniciar el proceso de verificación de asentamientos ilegales, dando cumplimiento a las medidas aprobadas. Sectores afines al MAS aseguran que con esto se busca la confrontación y que solo los sacarán en miles de ataúdes. La comisión trabajará hasta este miércoles o jueves, porque quieren tener datos precisos, según reporte de El Deber.

La comisión viajó a la Chiquitania tras concluir el plazo que establecieron en el cabildo del viernes (hasta las 12:00 del lunes) para que el INRA proceda a desalojar los asentamientos ilegales. La comitiva pretende reunirse con representantes de ocho municipios (Concepción, San Ignacio, San José, San Rafael, San Miguel, Roboré, El Carmen y Puerto Suárez). El primer encuentro fue en Concepción, con la intención de hacer un relevamiento de los asentamientos ilegales que tienen cada uno de estos municipios.

Esta medida surge de una de las preguntas que hizo el líder cívico en su discurso ante la multitud: ¿Están dispuestos a impedir y desalojar las dotaciones y asentamientos humanos ilegales en tierras fiscales y áreas protegidas, ejecutado por el INRA, que no hayan cumplidos todos los requisitos establecidos por ley? Y la multitud respondió que sí.

 “Con su respuesta afirmativa, damos plazo al INRA hasta el día lunes 7 de octubre, a las 12:00, para que haga el desalojo de los asentamientos ilegales, caso contrario se procederá a las 12 y un minuto, a verificar la ilegalidad y hacer cumplir el mandato de este Cabildo”, remarcó Camacho.

Muchos esperaban que hoy comience un desalojo forzoso, pero los cívicos resaltan que harán cumplir el mandato del pueblo enmarcados en el diálogo. “Tenemos el listado de todos los asentamientos, estamos coordinando con los alcaldes para hacer un relevamiento claro. Vamos a proceder al desalojo con el pueblo; aquí no se trata de bala, machetes, ni palos”, remarcó Camacho.

Rony Justiniano, vicepresidente del Comité Cívico Provincial y presidente de la provincia Velasco, aclaró que en ningún momento se señaló que harán desalojos con violencia y que todo está siendo coordinado. El dirigente puso sobre la mesa el tema de que muchas de las comunidades ilegales no tienen vivientes. “Usted va a esas comunidades y no hay gente, porque no viven en el lugar, solo están es deforestando, chaqueando y se salen”, manifestó.

1.650 comunidades en la Chiquitania

El presidente del Comité Cívico informó el lunes que se detectaron 1.650 comunidades en toda la región de la Chiquitania y cuya legalidad será verificada por la comisión de tierras que partió a la zona,según reporte de El Deber.

Camacho agregó que una de las razones para recabar estos datos es la negativa del Gobierno a conformar la Comisión Agraria Departamental, pese que la Gobernación de Santa Cruz, envió al INRA más de un centenar de notificaciones.

El viceministro de Tierras, Juan Carlos León, minimizó lo expuesto por Camacho a quién desafió a que “de una vez haga la demanda”. Para él, la postura cívica obedece a un cálculo político y no técnico. “Qué demanden de una vez si hemos hecho algo ilegal”, encaró. Informó que “en los próximos días” darán una respuesta, como Gobierno, en torno a las demandas por el control de las tierras, planteadas por el Cabildo.

León, llamó al sector campesino a mantener la calma porque todo el saneamiento hecho por el INRA fue legal. Insistió en que el trabajo de dotación de tierras fue legal, y que el llamado al CAD, no es factible porque el único responsable de la distribución de tierras es el nivel central del Estado. Sin embargo, Camacho, dijo que existe un CAD en Oruro.

Wilson Cáceres, ejecutivo de la Federación de Interculturales de Santa Cruz, dijo que no permitirán que lo cívicos ni nadie desaloje a miembros de su sector afincados en la Chiquitania. “Si nos quieren sacar será muertos”, advirtió el dirigente. Además, Cáceres acusó a los cívicos de tener una postura racista, hacia el sector campesino.

En respuesta, Camacho, insistió en que el Comité no busca enfrentamientos, y que el pedido de frenar los asentamientos ilegales, es a favor de los cruceños nacidos y no nacidos en Santa Cruz.

“Se quieren desalojar a originarios y gente que llegó, producto de la migración natural, de occidente, para poner a otra gente”, dijo.