Fundación Apolo de Argentina pide que su Gobierno aclare los gastos en Evo Morales

Página Siete|12|03|20|

Erika Segales

La  Fundación Apolo de Argentina solicitó al gobierno de Alberto Fernández informar  si ese Estado tiene o tuvo algún gasto por la presencia del expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y la exministra de Salud  Gabriela Montaño.

“Solicitamos información pública sobre cuánto y en qué gastamos los argentinos por la presencia de Evo Morales, Álvaro García Linera y Gabriela Montaño en el país”, publicó la Fundación Apolo en sus cuentas de redes sociales. El organismo, a su vez, solicitó conocer cuál es la condición en que se encuentran las tres exautoridades, es decir si son asilados o refugiados.

La solicitud se realizó de manera escrita ante  el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional y Culto de ese país. Apolo pide especificar el monto, la fecha y concepto de los pagos realizados, si el Estado argentino realiza erogaciones por las tres exautoridades bolivianas.

“Este pedido se ve enmarcado en la necesidad de conocer si los argentinos, además de alojar a personas que no respetan las instituciones de la democracia, sostenemos económicamente con nuestros impuestos su estadía en el país. Es nuestro deber como ciudadanos informar a la sociedad sobre todos los hechos que ocurren en nuestro Estado para una mayor transparencia”, señala también un comunicado.

Dos polémicas en tres meses

Evo Morales llegó al país argentino el 12 de diciembre de 2019 para solicitar refugio después de denunciar persecución política; no obstante,  desde su ingreso a ese país no dejó de  arremeter contra el gobierno de Jeanine Añez y se vio envuelto en al menos dos declaraciones polémicas.

En la primera quincena de enero, mediante una llamada telefónica, planteó la creación de “milicias armadas” en Bolivia como en Venezuela. Las propuesta provocó que   la Unión Cívica Radical (UCR), partido histórico de ese país, se ponga en su contra y analice una petición de expulsión del exmandatario boliviano.

“Si volviera (a Bolivia), hay que organizar como Venezuela  milicias armadas del pueblo”, fueron las palabras de Morales rechazadas de forma internacional. Incluso el gobierno de Alberto Fernández le   pidió que bajara el tono de su discurso. 

La ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, envió una carta a su par argentino, Felipe Solá, para pedirle que el Gobierno argentino repudie públicamente los dichos de Morales. 

 Días después el expresidente se retractó públicamente en un comunicado que difundió en sus redes sociales. “Hace unos días se hicieron públicas unas palabras mías sobre la conformación de milicias. Me retracto de ellas. Mi convicción más profunda siempre ha sido la defensa de la vida y de la paz”, manifestó en esa oportunidad. 

Después de un mes de aquella polémica, el 21 de febrero, en conferencia de prensa para referirse a su inhabilitación como candidato a primer senador por Cochabamba, Morales advirtió que mantenía contacto con “militares descontentos”.

 “Hay militares patriotas que se comunican preocupados por lo que está pasando y empiezan a cuestionar a sus comandantes y este contacto va a continuar, que sepa la derecha. Tengo derecho a comunicarme”, afirmó en rueda de prensa.

 También indicó que estaba informado sobre las acciones del mando policial y aseveró que también había  descontento.

La fundación es crítica a Fernández

La Fundación Apolo Bases para el Cambio (Fundación Apolo) fue fundada en 2016 por un grupo de ciudadanos comprometidos con la lucha contra la corrupción, la transparencia y el diseño de mejores políticas públicas para contribuir al desarrollo de  Argentina. Su equipo de activismo judicial de la Fundación Apolo está liderado por  el abogado José Magioncalda.

Algunos medios argentinos identifican a esa organización como crítica del gobierno de Alberto Fernádez y del kirchnerismo.

Hace un mes la Fundación Apolo presentó una denuncia contra Cristina  Fernández ante la Oficina Anticorrupción (OA), luego de que ella dijo que había una supuesta persecución política en su contra que respondía  a un “componente mafioso” de los ancestros del expresidente Mauricio Macri.