Fiscalía imputa a Max Mendoza por usurpación de funciones y conducta antieconómica

Brújula Digital |22|05|22|

La Fiscalía imputó formalmente al presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) Max Mendoza, por los presuntos delitos de usurpación de funciones y conducta antieconómica y pidió su detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro.

“Se tiene presente la resolución de Imputación Formal de fecha 22de mayo, presentada por el representante del Ministerio Público, debiendo notificarse a Max Mendoza Parra de conformidad al Art., 163, Núm., 4, del Código de Procedimiento Penal por los presuntos delitos de Usurpación de funciones y conducta antieconómica”, señala un documento de la Fiscalía.

Asimismo, indica que el dirigente universitario de 52 años irá a una audiencia de medida cautelares en la ciudad de La Paz, la misma está fijada para este domingo, 22 de mayo, a horas 17.30.

Max Mendoza fue aprehendido el sábado en la ciudad de Cochabamba, así lo informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. En horas de la tarde, en una primera declaración informativa, Mendoza guardó silencio ante las consultas de los fiscales.

“Con el fin de la realización de actos investigativos necesarios (…) y a fin de asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, será necesaria aplicar la medida de ultima ratio el cual será fundamentado en cuanto al tiempo y necesidad de acuerdo a los alcances del núm. 3 de la citada norma procesal penal, se solicita la detención preventiva de Max Mendoza por el lapso de 6 meses a ser cumplidos en el penal de San Pedro”, señala el documento.

Los delitos por los cuales se acusa a Mendoza tienen una condena de hasta ocho años de prisión.  Por ejemplo, el delito de usurpación de funciones, tipificado en el artículo 274 del Código Penal, establece que la persona que lo cometa “será sancionada con prisión de dos (2) a cuatro (4) años y, en su caso, inhabilitación, la persona que incurra en alguna de las siguientes conductas: 1) Ejerza funciones públicas sin título o nombramiento expedido por autoridad competente o sin haber cumplido los requisitos legalmente exigidos”.

Mientras que el delito de conducta antieconómica, tipificada en el artículo 224 del Código Penal, ordena que “El funcionario público o el que hallándose en el ejercicio de cargos directivos u otros de responsabilidad, en instituciones o empresas estatales, causare, por mala administración o dirección técnica, o por cualquier otra causa, daños al patrimonio de ellas o a los intereses del Estado, será sancionado con privación de libertad de uno a seis años”.

El dirigente estudiantil ganaba más de 21 mil bolivianos mensuales, debido a que parte del presídium del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), sin tener un título académico.

BD/MC