Evo Morales ofreció a OAS “compensar” con carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos

Brújula Digital|20|9|19|

El expresidente de la constructora brasileña OAS, Leo Pinheiro, quien dejó la cárcel el martes para beneficiarse con detención domiciliaria, reveló que el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que el presidente Evo Morales “estaría dispuesto a compensar económicamente a la empresa” con otro contrato, la construcción de la carretera de Villa Tunari - San Ignacio de Moxo, la frustrada carretera que proyectaba atravesar el corazón del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

Según Pinheiro, a través de un acuerdo entre Lula y Morales, Bolivia retiró las sanciones que había impuesto a la brasileña Queiroz Galvão y autorizó que OAS asumiera las obras de la carretera Tarija-Potosí. Como “compensación”, la constructora habría obtenido el contrato de Villa Tunari - San Ignacio de Moxo, según reporte del diario español El País.

Sin embargo, según Pinheiro, OAS acabó perdiendo el contrato por dos motivos: conflictos sociales en la región (la marcha indígena del TIPNIS que terminó paralizando la obra) y el retraso en la concesión del crédito por parte del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) para asumir el proyecto.

Según Pinheiro, según El País, era una manera de evitar que se produjese un desgaste en las relaciones diplomáticas entre ambos países. La concesión la tenía otra constructora brasileña, Queiroz Galvão, que no estaba cumpliendo las condiciones del acuerdo.

Pinheiro había presentado su declaración firmada a fines de 2018;  sin embargo, ésta descansó por varios meses y sin explicación, en la oficina de la exfiscal general Raquel Dodge, quien sólo la envió a aprobación a principios de septiembre, dos semanas antes de dejar el cargo.

A pesar de ello, algunos de los testimonios del extitular de OAS fueron filtrados en distintos medios, incluso algunos de ellos fueron utilizados en investigaciones dentro y fuera de Brasil, pero estas declaraciones no recibieron mayor atención hasta la filtración de algunos extractos por el periódico brasileño Folha do Sao Paulo.

En Bolivia, el ministro de Comunicaciones, Manuel Canelas, sin embargo, rebatió las menciones y exigió “pruebas” de las acusaciones, según informa el diario La Razón, de La Paz. El embajador boliviano en Brasil, José Kinn, del gobernante MAS, afirmó al citado periódico que si Pinheiro efectivamente relató esas informaciones, "son declaraciones en el marco de un acuerdo judicial de delación sobre algo que nunca existió: que el presidente Morales haya actuado, a pedido de Lula, para entregar una obra sin licitación".

El miércoles, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) negó, mediante un comunicado, haber favorecido a la OAS, sino que, por el contrario, sancionó a la empresa por incumplimiento de contrato.

El exdirector de Asuntos Internacionales de OAS, Augusto César Ferreira e Uzeda, implicado en el caso Lava Jato, participó en 2005 en el acto de cierre de campaña del gobernante MAS en Chimoré, donde estuvo Evo Morales, quien compartió con otro ejecutivo de la firma brasileña.

Pinheiro salpica a Bachelet y Humala

La homologación por la Corte Suprema de Brasil del acuerdo de colaboración del empresario Léo Pinheiro, expresidente de la constructora OAS, sacude la política en varios países de América Latina. En la delación premiada del empresario, encarcelado en 2016 por la operación Lava Jato tras ser acusado de participar de una trama de sobornos con la petrolera Petrobras, según reporte de El País.

En su delación, el empresario acusa a una treintena de políticos brasileños y menciona a al menos a tres líderes latinoamericanos: al presidente Evo Morales (por un acuerdo para presuntamente favorecer la obra de una carretera), Michelle Bachelet (expresidenta de Chile, por supuestamente recibir un pago que financiaba parte de su campaña) y Ollanta Humala (expresidente de Perú, por un presunto abono a un publicista que trabajó con él).

La homologación es la última etapa jurídica antes que el relato se utilice para respaldar investigaciones judiciales. El acuerdo de colaboración de Pinheiro —autor de un testimonio clave en la condena judicial al expresidente brasileño Lula da Silva y que salió este martes de la cárcel para pasar a prisión domiciliaria— se firmó a finales del año pasado, pero estuvo retenido durante meses, sin explicación, en la Fiscalía Nacional. Pasó finalmente a la Suprema Corte a principios de septiembre, cuando a la fiscal Raquel Dodge —hasta hace poco fiscal general del Estado— le quedaban solo dos semanas antes de dejar el cargo.

Algunos episodios relatados por Pinheiro ya se habían filtrado a la prensa y se estaban utilizando en procesos judiciales en Brasil y en otros países. El expresidente de OAS ya había detallado todos los presuntos crímenes a los fiscales, en unas declaraciones que se grabaron en vídeo. Pero la semana pasada una buena parte de los crímenes que dice que cometió se convirtieron oficialmente en el punto de mira de la Justicia.