El Gobierno justificó las torturas de 2009, usó cinta adhesiva "para resguardar" la integridad física de los detenidos

Brújula Digital |27|09|2022|

El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las ejecuciones y torturas en contra de un supuesto grupo terrorista en 2009 revela que el Estado boliviano alegó que el uso de cartones y cintas adhesivas para cubrir los ojos de los detenidos fue para "resguardar" la integridad física y la vida de los detenidos.

Después de una investigación de las denuncias presentadas por familiares de Michael Dywer y otras víctimas del llamado "caso terrorismo", la CIDH llegó a la conclusión de que "el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial" establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

En el informe se aborda las torturas que sufrieron los ciudadanos Mario Tadic y Elöd Tóásó, Mario Tadic, Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes cuando fueron detenidos e interrogados por el gobierno de Evo Morales porque supuestamente eran integrantes de una banda "terrorista-separatista" que pretendía perpetrar un supuesto magnicidio.

"El Estado refiere que la detención de los señores Tadic y Tóásó fue legal pues sucedió en el marco de un enfrentamiento; además que los certificados médicos establecieron entre 8 y 10 días de impedimento para las presuntas víctimas, los cuales corresponden a lesiones típicas producto de un desarme por la fuerza" se lee en el informe de la CIDH.

"En ese mismo sentido, expone que la aprehensión de Alcides Mendoa y Juan Guedes se realizó debido a la imputación formal en su contra dispuesta por el fiscal y que se realizó respetando sus derechos" se indica.

De acuerdo a la versión estatal emitida durante el gobierno de Morales se señala que "no se tiene evidencia de una denuncia por malos tratos o tortura en forma previa o durante la audiencia de medidas cautelares ni ante el juez cautelar".

Sobre la detención y tortura de Mendoza y Guedes manifiesta "que no es cierto que los policías les hayan puesto bolsas en la cabeza y que el uso de cartones y cinta adhesiva para cubrir sus ojos, obedeció a factores de riesgo y como medida de seguridad en resguardo de su vida e integridad física".

La denuncia que llama la atención de la CIDH y se constituye en el trasfondo del caso es la ejecución de Michael Dywer después del operativo en el hotel Las Américas. El Estado niega ese extremo y señala que "las acciones policiales en el operativo (...) siguieron los estándares nacionales e internacionales en cuanto al uso de la fuerza por parte los efectivos policiales y se sujetaron a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, excepcionalidad y razonabilidad".

Asimismo, ls autoridades de entonces aseguran que hicieron uso de la fuerza extrema y letal porque la madrugada del 16 de abril de 2009 fueron recibidos a "balazos". "Los policías se vieron ante la inevitable necesidasd de responder de la misma manera para interrumpir la agresión y resguardar sus vidas".

Sin embargo, la versión de las víctimas contradice el informe oficial de las instituciones del Estado y tienen consistencia.

Los hechos señalan que el 16 de abril de 2009, un grupo de policías de élite de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC) ingresó a las instalaciones del hotel Las Américas en la ciudad de Santa Cruz, realizó detonaciones en el cuarto piso e irrumpió en las habitaciones de los supuestos terroristas disparando armas de fuego.

Como consecuencia del operativo murieron Eduardo Rozsa Flores, Arpad Magyarosi y Michael Dwyer mientras los sobrevivientes Elöd Tóásó y Mario Tadic fueron detenidos.

Las intervenciones fueron realizadas sin orden fiscal ni la participación de éste y horas después el caso fue investigado por fiscales de La Paz y supervisados por jueces de La Paz bajo el argumento de que tratarían de hechos que atentarían a la seguridad del Gobierno.

Antes del operativo se desactivaron las cámaras de seguridad del hotel y la conexión a internet, y días previos se hospedaron autoridades de Gobierno.

Las declaraciones de los sobrevivientes del operativo dan cuenta de que éstos se encontraban durmiendo y que despertaron cuando comenzaron los disparos y que no disponían de armas de fuego.

Inmediatamente fueron reducidos, apuntados con armas de fuego en las cabezas, golpeados y detenidos. Además refieren que del hotel fueron sacadas tres personas detenidas, una de ellas era Michael Dwyer, con dirección a un aeropuerto de Santa Cruz.

Dwyer había sobrevivido al operativo de la UTARC pero fue ejecutado en uno de los aeropuertos. La versión fue corroborada por los dos detenidos (Tadic y Tóásó) que después fueron trasladados a La Paz en medio de graves violaciones a sus derechos humanos.

BD/JCV