El gobierno elige el camino del desastre y cocaleros organizan comité de autodefensa

Brújula |17|08|22|

Zulema Alanes / Cabildeo Digital

“El gobierno ha optado por el camino del desastre y no da señales de voluntad política para solucionar el conflicto cocalero”, aseguró el diputado uninominal de Comunidad Ciudadana Alberto Astorga que repudió la violenta represión policial y la persecución judicial contra las protestas de la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca) en defensa del mercado de la coca.

Entrevistado por Cabildeo Digital dijo que el gobierno intenta dilatar el conflicto que, por efecto de la represión policial, ha elevado la tensión en Villa El Carmen y zonas aledañas a niveles de extrema inseguridad y vulneración de derechos. 

Luego de la ruptura del diálogo con el gobierno, la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca) resolvió conformar un Comité de Autodefensa que definirá las futuras acciones de defensa del mercado de la coca de Los Yungas.

“No vamos a ser una vez más los payasos del Gobierno, de este Gobierno incapaz. Si quieren dialogar con los Yungas tiene que ir a los Yungas o aquí (a Villa El Carmen)”, anunció a la prensa el dirigente Gabriel Amata y advirtió que continuarán con sus medidas hasta cerrar el mercado paralelo.

El diputado Astorga aseguró que “No tienen voluntad política para resolver el conflicto, al contrario, el gobierno está activando no sólo a la Policía sino a todo el aparato estatal, incluidas instituciones como la Defensoría del Pueblo, para consumar su plan de destrucción del mercado legal de la coca de Villa Fátima para convertirlo en otra fábrica del narcotráfico”. 

Denunció que la Policía ha sobrepasado todos los límites y “ha desatado una brutal represión” y cuestionó “el silencio cómplice del comandante de la Policía, Gral. Orlando Ponce, que se negó a responder quién autorizó la represión a los cocaleros, el uso de efectivos parapoliciales y el acoso violento a la población civil”.

Durante la sesión de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados, el comandante policial se negó a responder al diputado Astorga cuando le cuestionó quién ordenó la brutal represión a las protestas cocaleras, por qué la Policía procede a detenciones ilegales y allanamientos a viviendas particulares sin orden judicial y por qué hostiga y detiene a vecinos y transeúntes en los barrios donde se concentra el conflicto cocalero.

Sistemática y violenta represión policial

En tanto, organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante el representante de la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) la sistemática vulneración de los derechos humanos por parte de los aparatos represivos del gobierno.

Manuel Morales, representante de CONADE, y Gualberto Cusi, abogado de Adepcoca, informaron a Cabildeo Digital que en ese encuentro se alertó sobre el “peligro de repetición” de la violencia extrema desatada en 2019 como consecuencia de los métodos represivos aplicados por el gobierno del MAS.

Cusi dijo que como representante legal de Adepcoca, detalló ante el represente de la Mesa de Seguimiento de las recomendaciones del GIEI,  que “el gobierno ha cometido detenciones ilegales, que ha plantado pruebas para intentar incriminar a los detenidos, que ha allanado viviendas particulares y alojamientos sin orden judicial, que ha infiltrado a agentes parapoliciales y paramilitares en las protestas sociales y ha acosado y detenido  a vecinos y transeúntes solo por no portar carnet de identidad, todo con el objetivo de amedrentar a los cocaleros y a la población que respalda sus demandas”.

Dijo que también denunció que “además de las detenciones ilegales, se vulneró del principio constitucional de la presunción de inocencia al presentar a los detenidos como “delincuentes”, y se negó el derecho a la defensa, porque no permitieron que ingresemos a las celdas policiales para conocer el estado de los detenidos y los cargos por los que eran imputados”.

Además de denunciar la vulneración de derechos, Cusi explicó que “se ha explicado el carácter ilegal del mercado paralelo por cuanto la Ley de la Coca solo reconoce dos mercados, el de Villa Fátima regulado por Adepcoca y el de Sacaba bajo control de las Federaciones del Trópico de Cochabamba, y se dijo claramente el autonombrado dirigente Arnold Alanes no cuenta con bases cocaleras y que su único aval en su sometimiento a los dictados del gobierno”.

Cusi también dejó en claro ante el represente de la Mesa de Seguimiento de las recomendaciones del GIEI que “la generación de violencia viene de parte del Estado con uso indiscriminado de gases, con su intromisión en un conflicto privado donde nada tiene que ver el gobierno”.

Inminente “peligro de repetición”

Por su parte, Manuel Morales, representante del CONADE, refirió que las organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre “el peligro de repetición de los conflictos del 2019 como consecuencia de la acción represiva del gobierno, lo que podría generar una nueva conflictividad y una escala de violencia extrema” y recordó que entonces también se desató una violenta represión contra Adepcoca obligando a la convocatoria a  un cabildo que respaldo masivamente las demandas de los cocaleros de los Yungas.

Dijo que también advirtieron que “de las 36 recomendaciones del GIEI, se han incumplido 34, sólo se ha concretado el traslado de una oficina contra la tortura del Ministerio de Justicia a la Defensoría del Pueblo y la creación de la Mesa de Seguimiento y no habrá capacidad de prevención de futuros conflictos porque se está generando el fenómeno de la repetición”.

También pusieron en evidencia “el uso del Informe del GIEI por parte del gobierno para la represión, y se ha demostrado que el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, utiliza el informe para justificar detenciones arbitrarias como ocurrió durante la marcha médica, pero también cuando aseguró que tiene toda la facultad de detener y mostrar como delincuentes a los cocaleros”.

Morales cuestionó al gobierno que, a través del ministro de Justicia Iván Lima, anunció que solicitará dos años más para cumplir con las 36 recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su informe final sobre la crisis política que sufrió el país en 2019, “lo que muestra el grado de incapacidad del gobierno para restablecer la convivencia democrática en el país y su determinación de continuar con sus métodos represivos y violentos”.