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Política | 19/01/2022

El gobierno de Arce retrocedió en al menos 3 disposiciones tras rechazo de sectores sociales

El gobierno de Arce retrocedió en al menos 3 disposiciones tras rechazo de sectores sociales

Bloqueo de un sector "antivacuna" en Cochabamba. Foto: ANF

Brújula Digital |19|01|22|

El gobierno del presidente Luis Arce retrocedió en al menos tres disposiciones, desde el inicio de su gestión, fruto del rechazo de sectores sociales. Entre esos retrocesos se encuentran el retiro del proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas de la Asamblea, el fracaso de la apertura de un mercado de la coca al margen dela Adepcoca y la suspensión de la exigencia del carnet anticovid.

Esos retrocesos del Gobierno en sus decisiones se dieron después de movilizaciones de protesta que fueron promovidas por los sectores que cuestionaron las políticas o determinaciones de la administración de Arce.

Por ejemplo, el primer retroceso en las decisiones de Arce se dio entre septiembre y octubre de 2021, cuando el conflicto entre los cocaleros de Yungas de La Paz se agudizó, ya que cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) recuperaron el mercado de Villa Fátima, el mismo que había sido tomado por Arnold Alanes, quien era respaldado por autoridades de la administración de Arce.

Alanes incluso había sido posesionado en otro mercado de la coca, al margen de la sede de Villa Fátima reconocida en la ley de la coca. Para ello incluso el Gobierno aprobó una resolución ministerial que la reconocía para la comercialización legal de la hoja.

Tras movilizaciones y violentos enfrentamientos, la dirigencia de la Adepcoca orgánica, que estaba al mando de Armin Lluta, decidió dar un paso al costado para que se convoque a nuevas elecciones y dejó el mando del mercado de Villa Fátima en manos del comité electoral. En este caso, dejó de funcionar el mercado que había sido habilitado para Alanes. Actualmente la Adepcoca funciona con un nuevo presidente de “unidad”, Freddy Machicado. 

Otro retroceso se dio el 14 de octubre de 2021, cuando el Gobierno retiró el proyecto de Ley Contra la Legitimización de Ganancias Ilícitas, luego de que gremiales, cívicos, transportistas y empresarios, entre otros sectores rechazaron ese borrador de norma por considerar que se vulneraban derechos y garantías constitucionales. Cívicos cruceños encabezaron un paro nacional que duró nueve días y amenazaron con radicalizar la protesta.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, explicó que ese proyecto fue retirado porque “se ha instalado en sectores de la población boliviana un temor absolutamente infundado, sembrado, promovido, por grupos políticos con intereses que buscan la impunidad… Como Órgano Ejecutivo, escuchando al pueblo boliviano, escuchando sus preocupaciones, escuchando sus temores en relación a este Proyecto de Ley, hemos decidido retirar este proyecto”, dijo la autoridad. Desde el MAS se indicó que este borrador de normativa no había sido “socializado”.

En lo que se constituye en un tercer retroceso, este miércoles, el ministro de Salud, Jeyson Auza, dio a conocer la decisión del Gobierno de suspender la presentación del carnet de vacunación o pruebas PCR, para trámites y servicios, hasta que dure la emergencia sanitaria por el coronavirus (Covid-19). En este caso, se dejó sin efecto los decretos supremos 4640 y 4641 que, en el marco de la lucha contra la pandemia, exigían a la ciudadanía contar con la vacuna anticovid para el acceso a oficinas públicas y privadas desde el 1 de enero de 2022.

Explicó que el Gobierno retrocede en esta medida para "preservar la seguridad de la población de grupos se suspende la presentación del carnet de vacunación mientras dure la emergencia sanitaria".

Grupos antivacunas, entre ellos movimientos sociales afines al MAS, protagonizaron movilizaciones y bloqueos en contra de los decretos que establecen la obligatoriedad del carnet de vacunación en los departamentos de La Paz y Cochabamba. En la capital del valle se registraron violentos enfrentamientos de grupos que rechazan el inmunizante con la Policía, en los que hubo daños a la propiedad privada.

BD/JJC

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