Brújula Digital |08|01|23|

Dirigentes que promueven las movilizaciones en San Martín, Ucayali e Ica, registran investigaciones o sentencias por haber estado implicados en actividades relacionadas con el tráfico ilícito de drogas y otros delitos. Sus nombres aparecen en informe del Ministerio del Interior, según un reporte investigativo de El Comercio de Perú.

En el primer día de la reanudación de las protestas en el país, el miércoles 4 de enero, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, señaló que las autoridades tenían información sobre el presunto financiamiento ilícito de las movilizaciones en determinadas regiones, cuya ola de violencia en diciembre dejó 28 fallecidos y más de 650 heridos.

“Se ha identificado a aquellos que puedan financiar estas actividades […], procedentes del narcotráfico y la minería ilegal”, dijo Chávez a la prensa ese día.

Al respecto, El Comercio encontró más indicios que apuntan en ese sentido luego de examinar registros policiales y de la fiscalía sobre los antecedentes de los principales dirigentes de organizaciones que –según inteligencia policial– promueven las protestas.

Se halló que al menos tres impulsores de las manifestaciones en Ica, San Martín y Ucayali fueron denunciados, investigados o purgaron prisión por haber estado implicados en tráfico ilícito de drogas. Sus nombres figuran entre los “actores” de las movilizaciones, de acuerdo con el informe 000348-2022/IN/VOI/DGOP/DPCS/ETC, del Ministerio del Interior, al cual este Diario accedió.

Juan Marcelo Gonzales Loayza, dirigente en el sector de Barrio Chino, en Ica, es considerado uno de los principales azuzadores de las protestas violentas en esa región. Conocido como Marcelo, su segundo nombre, se dedica a contratar personas para trabajos temporales en fundos agrícolas o en empresas agroexportadoras.

Según el Ministerio Público, Gonzales registra nueve investigaciones en las cuales tiene la condición de imputado o denunciado, en las jurisdicciones de Ica y Ucayali.

Entre esos casos aparecen dos carpetas por el delito de tráfico ilícito de drogas, en la Tercera Fiscalía Penal de Coronel Portillo, provincia de Ucayali, donde Gonzales nació y residió antes de trasladarse a Ica. Estas pesquisas fueron abiertas en el 2015.

Además, en el reporte de la fiscalía se consigna que en el 2015 fue sentenciado por apropiación ilícita. Y se añade que, por hechos del 2021 y 2022, es investigado por “formas agravadas de usurpación [usando armas de fuego, explosivos u otro instrumento]”, atentado contra medio de servicio de transporte público, disturbios y por atentar contra la integridad física de las personas.

Expresidiario

Otro nombre que figura en el informe del Ministerio del Interior es el de Presvítero Ocupa Ocupa, presidente en Tocache (San Martín) de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (Cunarc), una de las organizaciones que se han sumado a las protestas.

Años atrás, el 16 de junio del 2009, Ocupa fue intervenido por agentes antidrogas en el aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima cuando iba a viajar a Sao Paulo (Brasil). Fue conducido al hospital San José del Callao, donde le efectuaron exámenes y le tomaron una radiografía del abdomen.

Luego de que se concluyera que había una “imagen sugestiva de cuerpo extraño” en su estómago, Ocupa confesó que había ingerido cápsulas que contenían cocaína, cuyo peso total era de un kilogramo.

La policía identificó a Ocupa como parte de una red internacional en la que este se encargaba de conseguir y transportar droga. Junto con él fueron investigados otros peruanos y extranjeros, cuyas identidades reales no llegaron a establecerse.

Presvítero Ocupa fue sentenciado a seis años y ocho meses de prisión, y recluido en el penal del Callao. Su pena fue conmutada a tres años de cárcel, por lo que en el 2011 salió en libertad.

Tras su excarcelación laboró para constructoras y después se integró a los gremios de cocaleros.

En tanto, en Ucayali, donde se han registrado bloqueos de carreteras en los últimos días, Héctor Miranda Sánchez, dirigente de la Federación Regional de Productores Agrarios y Medio Ambiente, también tiene antecedentes relacionados con el narcotráfico.

En febrero del 2003, el Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas (Diotad) de Pucallpa investigó a Héctor Miranda Sánchez, Víctor Araujo Arana y Juvenal Cabrera Salazar por tráfico ilícito de drogas. Desde el 2002, Miranda ya tenía dos denuncias en la fiscalía de Ucayali por hurto, extorsión, secuestro, incendio y disturbios.

En el 2012, Cabrera –investigado junto con Miranda– admitió su implicancia en actividades de narcotráfico cuando era dirigente cocalero.

BD