El candidato del MAS Luis Arce enfrenta al menos 4 procesos judiciales

Brújula Digital |09|10|20|

El candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, enfrenta al menos cuatro procesos judiciales instaurados por autoridades del Gobierno desde que inició su carrera electoral, el 28 de enero de este año. El postulante está como acusado acusado en los casos Fondioc, Gestora, terrorismo y enriquecimiento ilícito, aunque ninguno de ellos tiene un avance.

Ni bien se conoció la llegada de Arce a Bolivia, procedente de Argentina, para iniciar su campaña proselitista, el Ministerio Público le esperó el 28 de enero en el aeropuerto de El Alto para entregarle una notificación para que declare dentro del proceso por el caso del Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc), el mismo que fue abierto por el desfalco de unos Bs 170 millones por más de medio centenar de obras “fantasma” o inconclusas que fueron financiadas por esa repartición.

La Fiscalía investiga a Arce, en este proceso, por el delito de incumplimiento de deberes y otros, debido a que cuando era Ministro de Economía formaba parte del directorio del Fondo Indígena, entre 2009 a 2015. Esa repartición habría autorizado la aprobación de proyectos y el desembolso de recursos para obras inexistentes.

El 29 de febrero, el entonces director del Fondo de Desarrollo Indígena, Rafael Quispe, acusó a Arce de utilizar su postulación para evitar rendir cuentas por el desfalco millonario a esa institución. "Se pone de candidato para no rendir cuentas a la población boliviana y a la justicia", sostuvo.

El otro proceso que enfrenta Arce es por el caso Gestora Pública. El 30 de junio, Sergio Flores, jefe de esa repartición, presentó una demanda en contra del candidato del MAS y otros funcionarios que intervinieron en dos contrataciones millonarias de software, las mismas que habrían generado un daño económico de cerca de Bs 3 millones.

“El señor Arce Catacora, en su calidad de exministro y presidente del directorio de la Gestora, debe responder ante estos hechos de corrupción. Nosotros no somos políticos, mi persona no es política, es técnica y nos hemos tomado el tiempo correspondiente para todos los informes, para que realmente demostremos que aquí hay indicios de corrupción”, denunció por entonces Flores.

Los contratos observados fueron firmados con dos empresas, una panameña y otra colombiana, para que la Gestora cuenta con el software apto para migrar los datos desde las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) y, así, encargarse de la gestión de los fondos de jubilación. No obstante, ambas contrataciones no dieron resultados.

El 9 de septiembre, el Gobierno, a través del Viceministerio de Transparencia, solicitó a la Fiscalía que se congele las cuentas y se anoten los bienes de Arce y otras exautoridades, por el presunto daño económico causado al Estado.

El tercer proceso instaurado contra Arce se dio por el delito de terrorismo y genocidio. El 10 de agosto, la Fiscalía admitió esta denuncia que también se dio en contra del expresidente Evo Morales, el candidato a vicepresidente del MAS, David Choquehuanca, y el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi.

"Se ha admitido la denuncia contra estas personas, por lo que se van a expedir citaciones en el transcurso de estos días", anunció en esa ocasión el fiscal departamental de La Paz, Marco Cossío.

Este proceso fue sentado porque se acusa a Arce y a las otras personas de ser los responsables del bloqueo de caminos que se llevó a cabo entre el 3 y 14 de agosto, movilización por la que cerca de 40 enfermos por coronavirus fallecieron, debido a que no pudieron obtener oxígeno medicinal por los cortes de vías que impidieron el suministro del insumo médico.

El cuarto proceso judicial demandado en contra de Arce es por el delito de beneficio en razón del cargo, uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas, luego de revelarse un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que reporta movimientos sospechosos del exministro de Economía.

Además de Arce, en esta demanda se denuncia a su esposa Lourdes Durán Romero y su secretaría personal Helory Deysi Soria Soto. “Como son movimientos que se traducen en un incremento sin proporción relacionado a lo que él legalmente tenía que haber ganado como Ministro de Economía, se hace imperativo proceder a una investigación en el campo penal”, declaró el viceministro de Transparencia, Guido Melgar, luego de presentar la denuncia el 8 de septiembre.

Melgar acusó a Arce de pedir dinero a sus funcionarios, debido a que servidores del Ministerio de Economía habrían depositado Bs 310 mil de sus sueldos en su cuenta. En 2018, cuando Arce era director de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), también obtuvo depósitos del Consejo de la Magistratura, Shell y subsidiarias de Yacimientos, por un monto de Bs 276 mil bolivianos y $us 14 mil. Por estas últimas transacciones no hay justificativo, ya que no hay ninguna facturación por algún servicio.

Otra de las irregularidades detectadas, según la denuncia, apunta a un movimiento de Bs 120 mil por la venta de ganado, aunque no hubo un registro oficial de esta transacción. Un movimiento sospechoso también fue el depósito de funcionarios de Impuestos Nacionales por Bs 198 mil y $us 15 mil.

BD/JJC