Con cambio de nombre a ley de garantías, denuncian que el MAS busca proteger a Evo y a sus exautoridades

Brújula Digital|12|01|20|

El MAS, que controla el Senado, cambió de nombre de Ley de Garantías por la Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos. La noche del viernes de manera sorpresiva aprobó dicho proyecto de Ley que es considerado por el Gobierno como un “golpe” a la Constitución y que se propone consolidar la inmunidad de Evo Morales y de sus exautoridades, acusados de sedición, terrorismo, corrupción entre otros.

“El Estado, a través de sus órganos y sus instituciones competentes, garantizará el pleno ejercicio de los derechos, libertades y garantías constitucionales para las bolivianas y los bolivianos, las extranjeras y los extranjeros residentes en Bolivia; comprendiendo entre estos a los líderes sociales, dirigentes sindicales, dirigentes cívicos y políticos, así como personas movilizadas del campo y la ciudad en todo el territorio nacional”, señala el artículo 7 del proyecto de ley.

El viceministro de  Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, dijo a Página Siete que la norma impulsada por el MAS es un riesgo porque pretende favorecer a Evo Morales, pues todo el contenido de la norma está escrita en la Constitución y otras normas vigentes.

“La Constitución Política del Estado estableció derechos, deberes, principios y garantías constitucionales no sólo para personas especiales, sino para todo el pueblo ciudadano. Si se propone un proyecto de ley específicamente para unos cuantos sectores, habría una discriminación”, explicó Alanoca.

Al menos tres procesos fueron activados contra Morales: masacre en el hotel Las Américas (2009), terrorismo y sedición (noviembre de 2019) y usurpación de funciones (diciembre de 2019) o inauguración de obras vía llamada telefónica. El Ministerio Público admitió las denuncias.

El diputado Gonzalo Barrientos sostuvo que la aprobación de la Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos, por los senadores del MAS, es un “golpe” a la Constitución. “Están actuando con mucha maldad, quieren convulsionar el país, a esta aprobación de la Ley se debe sumar las declaraciones del dirigente de los cocaleros de Chapare Andrónico Rodríguez y de otras organizaciones en sentido de que el próximo 22 de enero tomarían decisiones”, dijo.

¿No a la detención preventiva?

El artículo 5 del proyecto de Ley de Cumplimiento establece que el Ejecutivo coordinará con el Órgano Judicial y la Fiscalía “la cesación de la detención preventiva arbitraria de las personas privadas de libertad que participaron en las movilizaciones realizadas a partir del 21 de octubre de 2019”.

La diputada Rosemarie Sandóval, de Demócratas, dijo a Página Siete que el proyecto es “inconstitucional”, puesto que la  CPE “establece que los derechos ya están amparados en uno de los artículos”. La legisladora agregó que  el texto “penetra el ejercicio del Ministerio Público y al Órgano Judicial”. “Esta ha sido una cuestión electoral... Esto pasa a Diputados, todavía no está cerrada la cuestión. Y ahí se generará el debate que corresponde”, afirmó la legisladora, quien anticipó que los Demócratas interpondrán recursos ante el Tribunal Constitucional.

¿Protección a excolaboradores de Evo?

La diputada de Demócratas, Shirley Franco, rechazó el sábado la aprobación en el Senado de la Ley de Cumplimiento y anunció que su bancada la impugnará en la Cámara de Diputados, además de recurrir a otras medidas legales para frenar su avance.

“El MAS ha decidido aprobar la Ley de Garantías. En esta norma lo que están pretendiendo es proteger a dirigentes y ex autoridades del anterior gobierno y eso nos parece intolerable”, dijo la diputada, al explicar las razones que llevaron a los senadores, en minoría a la bancada del MAS, retirarse la noche del hemiciclo parlamentario.

La bancada del MAS tiene los dos tercios en Senado, razón por la cual esta agrupación pudo sesionar y aprobar la polémica norma, explicó Franco, al reiterar su criterio de que la misma es innecesaria debido al marco legal y constitucional que rige en Bolivia.

Advirtió que se impondrá un recurso de inconstitucionalidad si es que la senadora Eva Copa promulga la norma, como advirtió horas atrás, tras la negativa de la presidenta Jeanine Áñez.

"Este es un gobierno que, a diferencia del anterior, sí respeta la independencia de poderes y el derecho al debido proceso que toda persona tiene cuando es enjuiciada", apuntó Franco.

¿Garantizar las libertades?

Copa sostuvo el sábado que la Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos busca garantizar la libertad de expresión de los movimientos sociales y cívicos para que puedan realizar sus asambleas y reuniones partidarias organizativas con miras a las elecciones nacionales del próximo 3 de mayo, con plenas garantías constitucionales, y advirtió que evaluará la posibilidad de aprobar la norma si es que continúa su rechazó en el Ejecutivo.

“Todos queremos ir en paz a las selecciones del 3 de mayo y tener las mismas condiciones de participación”, señaló Copa, tras asegurar que, de no ser promulgada por el Ejecutivo, se encargará ella misma de su la promulgación.

“No podemos dejar pasar acuerdos firmados por el gobierno de transición con los movimientos movilizados en esas fechas, que a más de un mes de suscrita la propuesta no se atendió el pliego petitorio de las organizaciones sociales”, apuntó.

En ese entendido, dijo Copa, el país no debe ser nuevamente expuesto a un nuevo conflicto y que la Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos será remitido a la Cámara de Diputados para su aprobación y posterior promulgación.

“Prima en este momento dar soluciones a los conflictos que se están queriendo avecinar en estos días y, para esto, es necesario deponer posiciones de ambas partes y vivir en un clima de tolerancia para allanar el camino hacia una pacífica justa electoral y en igualdad de condiciones”, señaló Copa.